La industria pesquera de calamar en las Islas Malvinas enfrenta una crisis sin precedentes, marcada por la reciente decisión de las autoridades locales de cerrar la segunda temporada de pesca de calamar, una medida sin antecedentes que subraya la gravedad de la situación. Este cierre se produce en un contexto de importantes inversiones en nuevos buques, que alcanzan los U$S 265 millones, y refleja la profunda preocupación por la drástica disminución del recurso.

Los resultados de las prospecciones realizadas han sido alarmantes, mostrando la segunda peor estimación de biomasa desde 2008, muy por debajo del umbral de seguridad. Esto ha llevado a un impacto económico significativo, especialmente para las armadoras gallegas de Vigo y Marín, que tienen una participación considerable en la flota de 16 buques que operan en las aguas de las Malvinas. Estas empresas, que invirtieron en la renovación de su flota con unidades de última generación, ahora enfrentan serios problemas financieros debido a la falta de capturas y el desbalance económico que esto conlleva.

El cierre de la temporada también anticipa un aumento en los precios del calamar, lo que afectará al consumidor final. A pesar de las millonarias inversiones y los esfuerzos por modernizar la flota, la crisis del recurso podría obligar a las armadoras a explorar otras pesquerías en aguas internacionales, donde las capturas de especies como la merluza han sido más favorables. Esto podría generar una competencia desleal en mercados compartidos con Argentina, impactando fuertemente en localidades como Mar del Plata en el futuro.

El sector ya estaba lidiando con el aumento de los costos en construcción naval, combustible y licencias, y ahora enfrenta un panorama aún más incierto. Aunque la asociación de armadoras FIFCA (Falkland Islands Fishing Companies Association), conformada mayoritariamente por empresas locales y españolas, ha advertido sobre la gravedad de la situación, las expectativas de una reducción en los costos de las licencias son bajas. En cambio, se espera que la escasez de calamar en el mercado eleve los precios, profundizando la crisis tanto para las empresas como para los consumidores.

El tema de las licencias pesqueras en las Malvinas añade una capa adicional de tensión a una industria ya golpeada por múltiples factores. La gran incógnita es si las autoridades reconsiderarán el incremento del 22% aplicado en 2024, que elevó el costo total de las licencias a unos U$S 18 millones.

Cheryl Roberts, secretaria ejecutiva de la Asociación de Compañías de Pesca de las Islas Falkland, hablando en nombre de los Productores del Grupo Loligo, describió la situación como extremadamente desafiante. "El cierre temprano de la segunda temporada en 2023, junto con los altos precios del combustible, los costos elevados en la cadena de suministros y las sostenidas altas tasas de interés sobre préstamos, ha puesto a la industria en una situación crítica. No hay precedentes en la pesquería del Loligo de movilizar barcos para la temporada y luego suspender la pesca. Reconocemos la necesidad de un enfoque de precaución para proteger futuras temporadas, pero la acumulación de estos factores probablemente resultará en una caída en los beneficios de las empresas y en los aportes fiscales del sector en 2024", explicó Roberts. La asociación permanece comprometida a colaborar con el Departamento de Pesquerías para buscar la mejor solución posible para la industria.

Sin embargo, entre los actores de la industria, la esperanza de una reducción en las licencias es prácticamente inexistente. La confianza parece estar depositada en un eventual repunte del estado de la pesquería, confiando en que la naturaleza corrija lo que la gestión no ha logrado prever.

Para los consumidores, el panorama es desalentador. La escasez proyectada y la incertidumbre en las capturas anticipan un aumento en los precios del calamar, lo que inevitablemente impactará en sus bolsillos. En un mercado regido por la oferta y la demanda, las armadoras parecen resignadas a trasladar estos incrementos a la cadena comercial, profundizando una crisis que parece no tener fin.

En cuanto a la flota que permanece en la zona, las decisiones operativas estarán dictadas por la conveniencia y el pragmatismo. No se descarta que buena parte de los pesqueros migren a aguas internacionales, donde la captura de merluza u otras especies presenta mejores perspectivas. Esta solución temporal no aborda el problema estructural más profundo: la falta de previsión y adaptación de la industria a las fluctuaciones de un recurso tan volátil como el calamar.

La situación en las Islas Malvinas podría seguir el mismo patrón observado en la zafra de calamar dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina, donde las capturas se adelantaron temporalmente y terminaron siendo casi nulas, un contraste con el año 2023. Esto sugiere que los prejuicios actuales podrían cambiar el próximo año.