De la mano de su fundador Luciano Moreno Calderón, la Unión Malvinizadora Argentina -UMA- propone establecer un protocolo para nacionalizar nacidos en Malvinas

La iniciativa en cuestión expresa la importancia de establecer una reglamentación específica para que todas aquellas personas que quieran “obtener su acta de nacimiento y toda documentación complementaria que lo inscriba como argentino y fueguino” puedan abordar los trámites sabiendo los requisitos a cumplir y la documental probatoria, teniendo presente las particularidades de cada caso.

El titular de la UMA subrayó que “en un tema tan delicado como este, en que son muchas las cosas que se encuentran en juego, tenemos que ser absolutamente transparentes, con reglas precisas que garanticen la seguridad jurídica de los interesados y que evite la discrecionalidad”.

De acuerdo a lo señalado por Moreno Calderón, el pedido se fundamenta en la “necesidad de evitar episodios como el ocurrido recientemente, donde a un nacido en nuestras Islas Malvinas, funcionarios de la provincia le retuvieron el acta de nacimiento que estaba en trámite de manera infundada” afectando con ello “no solo a la familia de los actuantes sino a la imagen de nuestra provincia” agregando además que “Tierra del Fuego, por ser el ámbito jurisdiccional para el tratamiento de estos estados administrativos, debe facilitar los procedimientos sin ambigüedades de ninguna naturaleza!.

Como se sabe, el pasado 9 de enero, la abogada Carolina Salgado, a pedido de los padres de un chico nacido en Malvinas -que son de Rumania-, inició en el Registro Civil de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur el trámite para la inscripción como ciudadano argentino de este niño fueguino-malvinense. El personal de planta permanente especializado de dicho organismo, con celeridad dieron trámite a este pedido, y el mes de marzo ya tenía el instrumento solicitado, basado en el documento público expedido por las autoridades de Rumania que por vía de lo que se denomina apostillado de la Convención de la Haya fue certificado por la Cancillería argentina.

Luego de la notificación, se acercó al Registro y le comunicaron que los funcionarios de planta política -el Secretario de Justicia Gonzalo Carrillo Herrera y la Ministra de Gobierno, Adriana Chapperón- habían frenado la notificación del acto administrativo y la entrega del acta de nacimiento que se había emitido, pero sin notificarle formalmente por vía de instrumento cual es la documentación que tiene que presentar y cuáles son los errores que tiene la presentación, así como tampoco los motivos por la cual se retiene el acta de niño. Según expresó la propia abogada Carolina Salgado en una entrevista.

Según explicó Moreno –audio-6, en su columna radial “Malvinas, argentinas y fueguinas” que se transmite en el programa APNEA de Soledad Sandoval en Radio del Sur FM 94.18 (Ushuaia), haciendo un extenso análisis de los dichos de Carolina Salgado por un lado y los del Secretario de Malvinas fueguino Andrés Dachary9 por otro: al día de la fecha la abogada no fue notificada formalmente de lo que necesita para finalizar con el trámite, y la parte funcionaria –entre ellos el mediático Secretario de Malvinas10- solo busca públicamente justificar el hecho con contradicciones, dejando claro que si bien existe un alto grado de flexibilidad en la forma de interpretar la norma -producto de que se aplica una ley general a un caso tan particular- para la planta política funcionaria (Chapperon y Carillo) lo presentado es incompleto para otorgar lo solicitado.

Es decir que, “si fueran otros funcionarios, con otro criterio más acorde al posicionamiento jurídico que fundamentó el personal de planta permanente de más de 10 años en registro civil y que ya había emitido dos actas de argentinos-fueguino-malvinenses (Peck y Andersen), hoy el niño tendría su documentación”, por lo que, “para evitar esta discrecionalidad irracional en el manejo de algo tan sensible, se hace necesario el protocolo propuesto”.

Por último el escritor expuso que “este antecedente no solo repercute en nuestros intereses nacionales y provinciales sino que además puede transformarse en un factor que aleje a otros isleños que deseen realizar el mismo trámite, y eso es algo que podemos solucionar rápidamente brindando la seguridad y seriedad jurídica necesaria, que esta iniciativa busca construir”.