El gobierno de las Islas Malvinas lanzó un duro comunicado contra la Argentina, a la que acusan de obstaculizar el restablecimiento de un vuelo que conecte al archipiélago del Atlántico Sur con Brasil. Los kelpers apuntaron a la administración de Alberto Fernández por "cancelar o postergar" reuniones sobre el asunto y adelantaron que buscarán alternativas que no impliquen "sobrevuelos de Argentina".

En julio pasado, los kelpers restablecieron el vuelo desde Santiago de Chile. Pero la ruta San Pablo-Mount Pleasant sigue frenada.

Explicaron que la intención de iniciar negociaciones por la ruta comercial Brasil-Malvinas es firme desde comienzos de 2022 y que cualquier gestión requiere la participación de los kelpers, representantes británicos y representantes argentinos. Sin embargo, desde entonces el Gobierno argentino "canceló o postergó" su presencia en esos encuentros.

"El Gobierno de las Islas Falkland buscará otras opciones viables, incluyendo aquellas que no precisen sobrevuelo argentino, pero siempre estará abierto a reiniciar esta conexión", apuntaron.

"El gobierno argentino continúa denegándonos nuestra autodeterminación y utiliza toda oportunidad para forzar sanciones a nuestro pueblo y castigarnos por el legítimo ejercicio de nuestros derechos democráticos", aseguró Mark Pollard, integrante de la Asamblea Legislativa local.

Reiteró la negativa de "los isleños" a discutir "un vuelo directo a Buenos Aires o la posibilidad de que la línea aérea nacional argentina [por Aerolíneas Argentinas]ingrese a las Falkland", siguió Pollard. "Es increíble que estos puntos sigan siendo considerados fichas de negociación por un gobierno que nos trata, sin provocaciones, con abierta y continua hostilidad".

Por último, aclararon que el contrato con LATAM se extenderá, con la esperanza de que el vuelo San Pablo-Malvinas "se reinicie en el futuro una vez que se puedan mantener discusiones con más cooperación".

Cómo es la ruta entre San Pablo y las Islas Malvinas

Esa aerolínea es la que vuela desde hace más de 20 años entre Punta Arenas e Islas Malvinas, con una escala mensual en Río Gallegos, en cumplimiento con un decreto firmado en 1999 por los gobiernos de Argentina y el Reino Unido.

En julio de 2018 fue elegida por los isleños para concretar la segunda ruta con el continente, que entró en funcionamiento el 21 de noviembre de 2019 y usa aviones Boeing 767 con capacidad para 221 pasajeros (191 en Economy y 30 en Premium Business).

El emprendimiento afrontó resistencia desde algunos sectores de la política nacional, que solicitaron una medida cautelar para suspender esos vuelos. Lo respaldaron una parte del peronismo y el fiscal Jorge Di Lello. Con la firma de la abogada Valeria Carreras, el recurso calificaba de "inconstitucional" la conexión aérea, ya que -apuntaron en aquel momento- el acuerdo debía tratarse primero en el Congreso.