La cuestión de las islas Malvinas es una causa que forma parte de la historia argentina y un reclamo de soberanía que se mantuvo inalterado a lo largo de los años.

De hecho, la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional ratifica la “legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”.

Allí se define la recuperación de esos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía como “objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

En el marco del derecho internacional, en la década del 60 se puso en marcha el proceso de descolonización dentro de las Naciones Unidas. En ese contexto, la resolución 1514, del 16 de diciembre de 1965, reconoció la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido e invitó a ambos países a negociar una solución pacífica a la controversia. Desde el fin del conflicto del Atlántico Sur, en 1982, el gobierno británico se ha negado sistemáticamente a regresar a la mesa de negociaciones, en una clara violación de la resolución de la ONU.

Ese desalojo por la fuerza de la población argentina, que residía en el territorio en 1833, hace que no resulte aplicable a Malvinas el principio de “libre determinación de los pueblos”, pues no existe en las islas una población sojuzgada ni sometida al colonialismo. Con esa motivación, señaló Ruda, tal principio no podía ser legítimamente utilizado para “transformar una posesión ilegítima en una soberanía plena, bajo el manto de protección que le darían las Naciones Unidas”.

A la luz de estos antecedentes, Argentina rechazó de manera contundente los resultados del referéndum convocado el 10 y 11 de marzo de 2013 por las autoridades ilegítimas del archipiélago, en el que el 99,83% de los isleños manifestaron su voluntad de mantener el estatus de las islas como territorio de ultramar del Reino Unido.

La República de Mauricio alcanzó su independencia del Reino Unido en 1968, pero sin la soberanía sobre Chagos, que se mantuvo bajo control británico. Fue su gobierno el que planteó el recurso ante la Asamblea General de la ONU, que sometió la controversia a la CIJ. A partir de esta opinión consultiva, el gobierno de Mauricio reclamó que el Reino Unido pusiera fin a su ocupación ilegal de Chagos y permitiera el regreso de la población autóctona al territorio del que fueron expulsados hace casi 40 años.

Esta opinión consultiva tiene relevancia para Malvinas por tratarse de una situación similar de desmembramiento territorial y de expulsión de la población local.

La CIJ concluyó que la persistencia de la administración colonial británica sobre el archipiélago constituye un “hecho ilícito” al que se debe poner fin.

Además, entendió que el principio de la libre determinación no era aplicable a este tipo de situaciones coloniales, pues la población original había sido desterrada, tal como sucedió con las islas Malvinas.