El Gobierno nacional oficializó este martes la designación del embajador Carlos Foradori como representante de Argentina ante los organismos que Naciones Unidas tiene destacados en su sede de Ginebra, Suiza, con excepción de la Organización Mundial de Comercio.

A través del Decreto 317/2024, que lleva la firma del presidente Javier Milei y la canciller Diana Mondino y publicado en el Boletín Oficial, se oficializó la designación de un diplomático que firmó en 2016 un controvertido acuerdo con Gran Bretaña, por el cual el país se comprometía a no dificultar “el desarrollo económico” de los habitantes de las Malvinas, un tratado que implicaba, en los hechos, atenuar el reclamo de soberanía sobre esas islas, que el Reino Unido usurpa desde 1833.

Ese acuerdo fue suscripto por Foradori, entonces vicecanciller del gobierno de Mauricio Macri y su contra parte británica, Alan Duncan, en un acto que se celebró en septiembre de 2016 en la embajada del Reino Unido en Buenos Aires.

En sus memorias, el diplomático inglés contó que, durante el cónclave, que se llevó a cabo en el sótano de la delegación diplomática, donde había una prolífica bodega de vinos añejos y de variados gustos.

Foradori se sumó a una degustación ofrecida por sus anfitriones, y “a medida que las botellas pasaban de la pared (de la bodega) a la mesa, las negociaciones mejoraban”, según relató el propio Duncan.

Sin embargo, la ingesta de merlot y otros varietales en la que incurrió el diplomático argentino en ese encuentro, lo obligaron a llamar al día siguiente a sus colegas británicos, para preguntarles qué era lo que había firmado.

Entre otros puntos, el acuerdo establecía la adopción de “medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos. Ambas Partes enfatizaron los beneficios de la cooperación y de un compromiso positivo de todos los involucrados”.

Ese pacto fue repudiado por la oposición peronista al gobierno de Macri e incluso objetado por algunos referentes del entonces oficialismo, como Elisa Carrió. El acuerdo no tuvo nunca una aprobación parlamentaria, y en año pasado, el Gobierno de Alberto Fernández lo declaró nulo.