La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.”

Con estas palabras, hace 30 años, la Cuestión de las Islas Malvinas quedaba inserta como parte integral de nuestra Constitución Nacional y se consolidaba, así, en una política de Estado. Una política que exige un trabajo serio y consensuado sobre estrategias y objetivos a corto y mediano plazo; una causa nacional y una cuestión que exige una necesaria unidad nacional, más allá de las divergencias y competencias partidarias.

Lamentablemente, en estas tres décadas poco y nada se ha hecho por parte de la dirigencia nacional para cumplir con el mandato establecido en nuestra Carta Magna.

En ese sentido, resulta preocupante el uso que los distintos gobiernos han hecho de la Cuestión Malvinas en materia de política interna e internacional y en especial respecto a la relación bilateral con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Hemos visto cómo, con la intención de obtener el favor del Reino Unido, o con la promesa de beneficios económicos y/o comerciales para nuestro país, se han realizado acuerdos completamente nocivos o intrascendentes sin representar ningún beneficio sustancial para nuestra posición y sin mover un centímetro la intransigencia británica para resolver la disputa de soberanía de conformidad a lo establecido por las Naciones Unidas y el derecho internacional.

Asimismo, la cuestión central de la solución de la disputa, así cómo la búsqueda de cumplir con el objetivo central e irrenunciable de recuperar el ejercicio efectivo de la soberanía, han quedado relegados bajo la figura del “paraguas de soberanía” y generando, justamente, la situación ideal para los intereses británicos: centrar la discusión en los “aspectos prácticos” y no en lo que la manda constitucional y la comunidad internacional requieren que es poner fin, de una vez y para siempre, la situación colonial imperante en nuestros archipiélagos.

Esta “estrategia” bilateral tuvo su génesis en los denominados “Acuerdos de Madrid”, que si bien pudieron haber tenido cierto sentido en la coyuntura de fines de la década del ’80, hoy ya no tienen razón de ser.

Tras más de 30 años de esos acuerdos, que han orientado durante muchos períodos la política exterior de nuestro país en relación a la Cuestión de las Islas Malvinas, excluyendo la soberanía de la discusión bilateral y centrándose en la construcción de una “agenda positiva”, solo han respondido al claro interés paralelo británico de apostar a que el tiempo licue cualquier pretensión nacional.

Como agravante, estos acuerdos fueron realizados a espaldas del pueblo argentino, sin intervención alguna del Congreso de la Nación y ampliando a su vez, exponencialmente la extensión de la zona en disputa.

Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes se encuentran bajo la jurisdicción de la Provincia que tengo el honor de gobernar. Desde aquí, donde la presencia ilegal británica y su amenaza constante se siente con mayor intensidad, Malvinas no es solo una efeméride, sino que es parte de nuestra identidad y de nuestro día a día.

En tiempos en donde la humanidad entera está en vilo por el uso de la fuerza en distintas partes del mundo, y los efectos devastadores que esto está generando en la población civil, debemos asumir la responsabilidad indelegable para evitar que esta disputa llegue a las próximas generaciones.

Hoy el mundo nos está dando una muestra de lo que sucede si se dejan disputas abiertas indefinidamente y surge con importancia supina el derecho de todos a vivir en paz y tranquilidad, en la totalidad de nuestro territorio.

Es nuestro deber establecer una política realista y, por sobre todo, debe ser consensuada con todos los actores con interés directo en la Cuestión.

La Provincia de Tierra del Fuego es la que sufre en primera mano la expoliación y usurpación británica porque somos los fueguinos y fueguinas quienes debemos convivir todos los días con parte de nuestra provincia ocupada militarmente. Pero esta política debe estar, a su vez, en un todo conforme con nuestra Carta Magna, y debe buscar por todos los medios pacíficos a nuestra disposición la solución de la disputa de soberanía a efectos de recuperar nuestro ejercicio pleno de ella sobre los territorios usurpados.

A 30 años de un hito en nuestra historia como Nación, y como Provincia grande, debemos ser consecuentes y dignos del mandato que reposa en cabeza de todo el Pueblo y que, como representantes de ese pueblo, debemos cumplir.Es por ello que continuaremos proponiendo y avanzando en acciones en dirección a ese objetivo. Nuestros derechos y nuestra posición son sólidas y coincidente con el histórico accionar argentino desde el momento mismo de haber nacido como Nación.

Como siempre hemos sostenido, acompañaremos toda acción en pos del cumplimiento de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, construyendo desde Tierra del Fuego cada vez más apoyos en torno a la Cuestión de las Islas Malvinas y abogando, de manera inclaudicable, por nuestra integridad territorial como desde hace 42 años lo hacen nuestros ex combatientes poniendo en lo más alto a la Causa Malvinas y así, más temprano que tarde, alcanzar una solución pacífica y duradera que ponga fin a la ocupación colonial de más de 191 años que padecemos en el Atlántico sur.