Aunque las empresas de consumo masivo están cumpliendo con la exigencia oficial de no subir los precios más de 5% mensual en las grandes cadenas de supermercados y mayoristas, se resisten –por el momento– a firmar el documento que recibieron entre el viernes de la semana pasada y este lunes, que justamente establece por escrito este compromiso en materia de precios hasta el 31 de octubre.

Desde la Secretaría de Comercio aseguran que hay un listado de 425 empresas que están yendo a las oficinas de Matías Tombolini a firmar el convenio, inclusive marcas de consumo masivo. Pero varias fuentes de empresas miembros de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) remarcaron que ninguna compañía está avanzando por ese camino y que los equipos de legales siguen analizando el convenio y sus posibles consecuencias futuras.

De acuerdo con el modelo de convenio, al que accedió Infobae, “la empresa se compromete a vender a las empresas de supermercados minoristas y mayoristas, de forma constante e ininterrumpida, la totalidad de los productos que ella provee al precio fijado por el Anexo 1 referido durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2023″ y “garantizará el abastecimiento normal y habitual de los productos incluidos en ese anexo, considerando a dicho efecto el promedio de abastecimiento ocurrido en los últimos doce meses siempre y cuando cuenten con los insumos necesarios a dicho efecto”.

“Frente a la experiencia que tuvimos que no cumplieron con ninguna de las promesas que nos habían hecho, por ejemplo de liberarnos las importaciones rápido, si firmamos, quedamos atrapados. No podríamos desviarnos de los precios y deberíamos abastecer haciendo magia”, dijo el directivo de una firma alimenticia de capitales extranjeros. Y agregó: “Hoy vendemos productos a precios regalados cuando no dan los costos. En algún momento vamos a tener que empezar a vender en cuotas. Va a haber escasez. Y no firmando nos resguardamos”.

El convenio hace referencia, también en los considerandos, al decreto 433 publicado el sábado pasado, que establece que las empresas que suscriban podrán gozar de determinados beneficios fiscales. Tampoco este punto está claro. Además, las compañías podrían compensar con alguno de los beneficios citados en el decreto hasta 6% de la facturación neta de impuestos durante junio, un porcentaje que resulta insuficiente para muchas firmas. “Es muy discrecional y genera una contingencia futura. ¿Quién nos asegura que venga otro gobierno y los desconozca?”, se preguntaban en otra alimenticia.

Otra cláusula mencionada como conflictiva dentro del convenio es la decimoprimera, que hace referencia a las modificaciones. Concretamente, cuando dice que “en caso de que se produjeran variaciones bruscas, repentinas e inesperadas de los precios de los insumos utilizados para la elaboración de los productos alcanzados, la empresa podrá solicitar mediante una nota la modificación de las cláusulas 2° y 3° del convenio (las que refieren a las autorizaciones de aumentos) para los productos en cuestión”. Dicha solicitud será analizada y, eventualmente, autorizada.

Justamente estos aumentos de los insumos, por inflación y recientemente por la devaluación, son parte de los argumentos que esgrimen las empresas para solicitar incrementos de precios mayores. Y la respuesta fue negativa. Por lo que también en este punto hay controversia.

De todos modos, en el sector privado insistirán con reclamos para pedir excepciones al 5% mensual de suba autorizada y también buscarán modificar productos de la canasta y negociar menores volúmenes. Hoy todo está en la mesa de negociación, pero con escaso margen. La prioridad es ganar las elecciones.