El Ministerio Público Fiscal de Córdoba confirmó que este martes se entregó en la ciudad de Villa María Miguel Echegaray, uno de los prófugos de la causa Generación Zoe, entidad que practicaba actividades ilícitas y que está en la mira de la justicia por haber estafado a ahorristas.

Echegaray se desempeñaba como tesorero de Zoe que, entre sus tareas, tenía a cargo el armado de empresas fantasmas para el desvío de fondos.

Según indicaron desde dicha dependencia, Echegaray se entregó en la Fiscalía a cargo de Juliana Companys.

Según la investigación de la justicia, Echegaray sería un histórico colaborador de Leonardo Cositorto, quien está al frente de Generación Zoe, y quien manejaba su "plata personal".

La causa Zoe contra Cositorto y otros miembros de la firma, se inició a raíz denuncias por estafa de ahorristas que fueron seducidos por supuestas atractivas rentas y confiaron su dinero, pero luego quedaron atrapados en una especie de esquema Ponzi.

Esto es, a cambio de firmar un contrato por los servicios de coaching ontológico, espiritual y educación financiera en Generación Zoe, las personas que se sumaban a la organización con aportes en dólares, recibían una renta mensual “asegurada” alta respecto del mercado.

Entre los denunciantes, la ONG Argentina Bitcoin inició acciones contra Generación Zoe ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

La denuncia establece "la posible comisión de los delitos tipificados en los artículos 172, 309 y 310 del Código Penal de la Nación" e imputa "en virtud de la complejidad de los hechos a todo aquel que sea penalmente responsable por los delitos contra la propiedad y contra el orden económico señalados".

También la Comisión Nacional de Valores (CNV) inició un sumario administrativo a la empresa y a Cositorto por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el mercado de capitales.

Esto fue acompañado por una alerta a la Organización Internacional de Comisiones de Valores (Iosco) que, a su vez, envió comunicaciones a los reguladores de Colombia, España y Paraguay, países donde los implicados tienen operaciones en marcha.