La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados abrió este jueves el debate del proyecto de ley de blanqueo, denominado "Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado", que fue presentado por el Poder Ejecutivo en junio pasado.

La reunión, presidida por Carlos Heller (Frente de Todos), contó con la presencia de Carlos Castagneto, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y de Guillermo Michel, director general de Aduanas.

Heller explicitó la decisión de que la semana próxima se convocará a una nueva reunión de la comisión, para continuar debatiendo de cara a la firma de dictamen.

En el inicio de su exposición, Heller había anticipado la intención del oficialismo de avanzar en el dictamen del proyecto en el transcurso del debate. Luego, ante un planteo de la oposición que rechazó esa decisión del oficialismo de avanzar en este mismo encuentro con la firma del despacho, anunció que se convocará a una nueva reunión la próxima semana.

Los diputados de la oposición -que llegaron más tarde al encuentro- dijeron que en la convocatoria figuraba que se trataba de una reunión informativa y no para dictaminar, al cuestionar la intención del FDT. También anticiparon la decisión de ese espacio de impulsar un dictamen de minoría para oponerse al texto impulsado por el Poder Ejecutivo, para lo cual tendrán plazo hasta el miércoles próximo.

Heller, ante ese planteo, dijo que se trataba de un error administrativo y les comunicó a los diputados opositores que convocaría nuevamente a una próxima reunión "para que no se generen suspicacias" en un tema tan central.

En su exposición, Castagneto dijo que el proyecto "es una herramienta de carácter voluntario y excepcional" y señaló que "es nuestro deber diseñar las normas que el momento político e institucional lo requiere en pos de la defensa de todos el pueblo argentino".

En ese marco, el funcionario precisó que quiénes blanqueen "podrán acceder a una alícuota especial que va modificándose a través del tiempo", a la vez que explicó que "aquellos bienes que no hayan sido declarados se le van a aplicar normas vigentes penales e impositivas".

Asimismo, el funcionario precisó que "lo recaudado se destinará a la realización de viviendas y obras públicas, y al Tesoro Nacional. Este tipo de declaraciones refuerza la idea del Estado presente, combatiendo maniobras de gran evasión que atentan contra la gobernabilidad y desmantelamiento del Estado".

Por su parte, Michel puso de relieve que "la política de transparencia fiscal internacional es una política de Estado que debemos seguir sosteniendo" y dijo que se trata de un proyecto que, aclaró, "no es novedoso porque es algo que el Congreso ha discutido" en varias oportunidades.

Además, el funcionario destacó que "excluimos precisamente a aquellos alcanzados por el aporte solidario extraordinario, que no podrán entrar a este régimen simplificado, así como los funcionarios públicos de 2010 a la fecha, fallidos o bien los que estén quebrados, los típicos casos de exclusión que previeron los blanqueos", al afirmar que sería importante "contar con esta herramienta para tener un sistema más distributivo".

"No es novedoso tampoco a nivel mundial. Se han impulsado en muchos países por como se extendió la red de intercambio de exteriorización. Tiene una particularidad y razón de ser: el acuerdo con EEUU va a cambiar matriz tributaria de nuestro país y va a generar una expansión de la base imponible para bienes personales y ganancias muy importante que estimamos será de 90 mil millones de dólares que van a ser cuentas de argentinos que están en el exterior. Seria importante contar con esta herramienta para contribuir con un sistema tributario más equitativo donde contribuyan más lo que más tienen", aseveró Michel.

Desde la oposición, la diputada del PRO, Germana Figueroa Casas, cuestionó la posibilidad de que el Ejecutivo "pueda decidir perdonar o no deuda en materia tributaria", al sostener que "no se puede hacer eso" y planteo la necesidad de "analizar en serio los beneficios a cumplidores sino parece que la Argentina es el país de no pagues, total después se arregla todo".

Antes de concluir la reunión, Heller aclaró que "estamos hablando de una ley de exteriorización de dinero, o bienes, de ganancias o riquezas generadas aquí y que no han cumplido con la ley. Le estamos abriendo una ventana para que puedan regularizar en estas condiciones. Es una situación muy trascendente para Argentina y no quiero que quede la menor posibilidad de que pueda ser objetado por alguna cuestión formal".

Los detalles del proyecto

El proyecto estipula un blanqueo que comprendería a personas humanas, sucesiones indivisas y empresas con bienes y activos financieros no declarados ante el fisco, que contará con una alícuota de 5% para quienes se registren en los primeros 120 días desde la entrada en vigencia de la iniciativa.

El proyecto ingresó a Diputados el 5 de junio y fue girado también a la comisión de Finanzas, que preside la oficialista Alicia Aparicio.

La iniciativa elaborada por el Palacio de Hacienda surge luego del acuerdo firmado en diciembre pasado entre la Argentina y Estados Unidos, que establece un sistema de intercambio de información tributaria que permitirá a ambos países acceder a información cruzada sobre operaciones realizadas por sus ciudadanos en los respectivos sistemas financieros, con el objetivo explícito de combatir la evasión fiscal.

En base a los considerandos y principales artículos del proyecto, establece que entrará en vigencia a los 15 días de su publicación en el Boletín Oficial, y que contará con un alícuota especial para la exteriorización voluntaria de los bienes no registrados que tengan en el país y en el exterior. Asimismo, se incrementarán las alícuotas aplicables para la exteriorización de los bienes del exterior en el caso de que no exista repatriación.

Los sujetos contemplados en el proyecto "podrán declarar, de manera voluntaria y excepcional, los siguientes bienes: Tenencia de moneda nacional y/o extranjera en el país; tenencia de moneda extranjera en el exterior; inmuebles en el país y/o en el exterior; muebles en el país y/o en el exterior; y demás bienes en el país y/o en el exterior, incluyendo créditos".

Además, establece que se entiende por activos financieros del país o del exterior a "acciones, valores representativos y certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales -incluidas cuotapartes de fondos comunes de inversión y certificados de participación de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares-, criptoactivos, criptomonedas, monedas digitales o instrumentos similares, títulos, bonos y demás valores y todo tipo de derecho tanto del país como del exterior, susceptible de valor económico".