El escrito tiene correlación con la denuncia sobre toneladas de alimentos secos que salían de los depósitos del exministerio de Desarrollo: los palets eran cargados en camiones fletados por el organismo y de allí terminaban en galpones de las organizaciones sociales agrupadas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la mayoría alineada con el entonces gobierno de Alberto Fernández, y en menor medida a movimientos piqueteros.El caso emblemático de la denuncia es el del supuesto comedor Gauchito Gil: al intentar constatar su existencia, se determinó que “en su lugar en realidad hay un barrio privado”.

En Sol de Barrio no fue posible localizar la dirección, y los vecinos aseguran que allí nunca funcionó ningún comedor. En otros casos, ni siquiera existen nombres de los lugares en el registro, sino que se los identifica apenas con un número de expediente, pero que incluso al realizarse la inspección ocular se confirmó que tampoco existían”.

De las auditorías surgió que “de la totalidad de los comedores solo se pudieron relevar la mitad: 52,3%”. El restante 47,7% no pudo relevarse debido a que: el 32% no funciona más como tal; el 25% de los datos de la preinscripción no coinciden con los reales (direcciones inexistentes, direcciones en las que no hay comedores/merenderos) y casi el 16%, en la dirección declarada nunca funcionó un comedor/merendero”.

Por estas razones, la denuncia plantea que “la falta de control sobre los miles de millones de pesos que el Estado Nacional invierte en que la población más vulnerable pueda comer no puede ser ‘rifada’ sin control so pena de permitir que se cometa uno de los peores de los pecados: que la comida no llegue a los que más las necesitan y que el Estado Nacional se convierta en un proveedor de alimentos para terceros espurios e inescrupulosos”.

Entre las tipificaciones del posible delito el escrito cita los de “incumplimiento de deberes de funcionario público y el fraude a la Administración Pública”

El escrito consta de 14 fojas. En la cuarta, se sostiene: “Lo cierto es que de las auditorías ya realizadas por este Ministerio de Capital Humano (y de las que se encuentran en curso actualmente también) surge que el Gobierno anterior no controló a los comedores matriculados durante los años de gestión de los programas sociales ‘Argentina contra el hambre’”.

Ese programa había sido anunciado con bombos y platillos por la administración Fernández durante la pandemia del COVID-19, cuando se aseguró: “El Plan Argentina contra el Hambre se apoya en el fortalecimiento de las acciones que lleva adelante el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Implica la promoción y fortalecimiento del Acceso a la Canasta Básica de Alimentos”.

En los spots publicitario se afirmaba que “11,2 millones de personas reciben asistencia alimentaria en todo el país”, y se detallaba que desde enero de 2020 a julio de ese año se habían invertido $ 69.745 millones en alimentos entregados posiblemente a muchos comedores que existían, pero otros que no. Ahora será la Justicia la que deberá investigar a dónde fueron esos alimentos y si en realidad salieron del ex Ministerio de Desarrollo Social.

Renacom

En la denuncia de Pettovello también se aclaró que: “Sin perjuicio que el Renacom (Registro Nacional de Comedores Comunitarios) es un ‘registro’, lo cierto es que el Estado Nacional debería haber controlado sistemáticamente a los comedores y merenderos durante los años en que estuvieron ‘matriculados’ pero nunca lo hizo, ya que no se verificaron actas labradas por los organismos estatales correspondientes a tal efecto”.

La responsable del Renacom, creado en julio de 2020 estaba a cargo de Laura Alonso. La dirigente de La Cámpora era la secretaria de Inclusión Social.

“El Registro permitirá contar con información precisa acerca de cada uno de los comedores y merenderos que distintas organizaciones de la sociedad civil llevan adelante en todo el país. De esta forma, lograremos mejorar las políticas públicas que estamos implementando para garantizar la seguridad alimentaria”, explicó en su momento Laura Alonso en conferencia de prensa junto al ministro Daniel Arroyo.

Sobre el tema, la denuncia de Capital Humano destaca: “Nótese que los comedores y merenderos del Renacom gestionan alimentos (por miles de millones de pesos) que provienen de diversos programas sociales (PNDU, programas de desarrollo social, etc), por lo que, sin lugar a duda, el Estado Nacional debería haber controlado en forma eficiente lo que no ocurrió en dichos programas durante los años de gestión”.

El texto judicial también detalla que: “El 8 de enero de 2020 fue creado el Plan Nacional Argentina contra el Hambre, que tenía por objeto garantizar la seguridad alimentaria a sectores vulnerables y debía, en teoría, garantizarse el acceso a los alimentos y las prestaciones para merenderos y comedores comunitarios. Todo ello, con el contralor de la Secretaría de inclusión social que dependía del por entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”.

El proceso estableció un sistema de validación de los comedores por pasos que podrían resumirse de la siguiente manera: “1) preinscripción, 2) validación), 3) matriculación”.

Esa matriculación, se detalla en la denuncia, “se otorgaba por dos años y requería una revalidación a partir de esa fecha, caso contrario, no debía seguir siendo parte de los beneficiarios”.

Sin embargo, de las auditorías ordenadas por Pettovello sobre el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil, surge que “la gestión anterior del gobierno nacional no realizó los controles correspondientes sobre los comedores a los que asistía con mercadería”.

“La ausencia de control en los dineros estatales se refleja en la imposibilidad material de poder controlar y/o inspeccionar debidamente los beneficios que se otorgaron, y/o si los comedores beneficiarios de las mismas fueron correctamente seleccionadas a tal efecto; o bien, si aquellos tenían algún tipo de incompatibilidad que tornara ilegal dicho otorgamiento”, relata la presentación judicial a la que accedió este medio.