El gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su plan destructivo y desmanteló por completo el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) que logró descender a más de la mitad la cifra de embarazos adolescentes.

Entre sus frenéticos deseos por recortar el empleo público, el gobierno no renovó los contratos de lxs 700 trabajadorxs que tenía el programa en todo el país: 100 en Nación y el resto distribuidos en 12 provincias donde se aplicó el plan con grandes resultados.

Este gobierno ya había anticipado durante la campaña electoral que la agenda de derechos sexuales y reproductivos no tenía ninguna importancia. Con el vaciamiento del Plan Enia también se reduce el trabajo articulado en territorio sobre bullyng, salud mental y educación sexual integral. Más allá de los ajustes y desguaces, este gobierno hasta ahora no presentó ni siquiera una línea respecto a la prevención de embarazos adolescentes no intencionales. Tampoco sobre otras temáticas que afectan a las niñeces y adolescencias.

El pico más alto de embarazos adolescentes se registró en 2015 con 110 mil embarazos de los cuales 7 de cada 10 embarazos adolescentes eran no intencionales. Fue esa cifra la que creó las bases para el Plan Enia que comenzó a implementar desde 2017, bajo el gobierno de Mauricio Macri.

Además del trabajo territorial, el plan tuvo un consejo asesor conformado por 25 organizaciones de la sociedad civil, 6 expertas y organismos del sistema de Naciones Unidas. Además, tanto UNICEF y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) colaboraron desde sus inicios y lo siguen haciendo junto con PNUD. Hasta diciembre de 2023, la aplicación del plan se realizaba a través de los ministerios nacionales de Salud, Desarrollo Social y Educación. Éstos dos últimos, en la actualidad forman parte del Ministerio de Capital Humano.

Silvina Ramos, socióloga e investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), y coordinadora de diseño del ENIA, explicó que los resultados del plan fue más que positivo, no sólo en materia de garantía de derechos sino también en reducción de la fecundidad adolescente y sobre todo en la adolescencia temprana.

El costo anual del programa es de alrededor de 60 dólares. De acuerdo con un estudio elaborado por UNPFA, a partir del Modelo de Impactos Laborales, Educativos, en la Nómina y Asistenciales (MILENA) se deduce que en 2018 Argentina perdió 834,7 millones de dólares como resultado de los embarazos adolescentes.

Por su parte, la diputada Carla Carrizo contó en su cuenta de Instagram que presentó junto a ocho diputados un pedido de informes acerca del plan Enia.