El Gobierno nacional dispuso que las empresas ya no estarán obligadas a realizar contribuciones económicas a las cámaras empresariales, una práctica que estaba presente en varios convenios colectivos de trabajo y generaba controversia entre los empleadores. La medida quedó oficializada con la publicación del Decreto 149/2025 en el Boletín Oficial.

Fin de los "impuestos privados"

Según el texto oficial, el decreto aclara que las convenciones colectivas no podrán imponer aportes, contribuciones o cargas económicas a favor de cámaras empresariales a cargo de empleadores no afiliados. Es decir, estos pagos solo podrán realizarse de manera voluntaria.

La medida afecta particularmente al sector comercial, donde estos aportes representaban aproximadamente $6.000 millones mensuales, destinados teóricamente a capacitación. Un caso emblemático es el del Instituto Argentino de Capacitación para el Comercio (INACAP), financiado por un aporte compulsivo del 0,50% del salario inicial de la categoría Maestranza “A”, lo que en marzo ascendía a $4.725,02 por empleado.

El decreto establece que la Secretaría de Trabajo no homologará nuevos convenios colectivos que incluyan este tipo de cláusulas, asegurando que los acuerdos laborales no se utilicen para imponer cargas económicas ajenas a la relación de trabajo.

Repercusiones en el sector empresarial

La eliminación de estos aportes obligatorios implica un fuerte golpe financiero para muchas cámaras empresariales, que deberán reconfigurar sus estrategias de financiamiento y depender exclusivamente de los aportes voluntarios de sus afiliados. Desde el Gobierno sostienen que esta decisión responde a un principio de libertad de asociación y que cada empresa debe decidir si contribuye o no a una determinada organización.

Además del impacto económico, la medida es interpretada como parte del proceso de desregulación que impulsa el Ejecutivo. Según el asesor presidencial Federico Sturzenegger, este decreto busca eliminar lo que define como "impuestos privados", que obligaban a empresas no afiliadas a financiar estructuras gremiales y empresariales sin su consentimiento.

Un alivio para las pymes

Para muchas pequeñas y medianas empresas, la eliminación de esta obligación representa un alivio en su estructura de costos. Sectores como el comercio minorista y la gastronomía, donde la rentabilidad es baja, podrían ver una mejora en sus márgenes operativos al no tener que destinar recursos a estas contribuciones.

El decreto otorga un plazo de transición de 90 días para que las cámaras empresariales se adecuen a la nueva normativa y comiencen a ofrecer servicios en un esquema de adhesión voluntaria. Mientras tanto, el Gobierno refuerza su política de reducción de costos y burocracia en el ámbito laboral y empresarial.