La pelea por el control de precios comienza a subir la temperatura de forma abrupta, y los encontronazos ya no se dan solo entre el Gobierno y las alimenticias, sino que ahora también se suman los supermercados.

El propio ministro de Economía, Sergio Massa, salió el lunes pasado a presionar públicamente a la industria alimenticia para que ingresen al programa Precios Justos, y sonó más a aviso de último momento que a anuncio oficial.

La idea de conformar una nueva canasta de productos como base para controlar la inflación ya fue anticipada hace algunas semanas, pero el tiempo pasó y hasta el momento ninguna empresa le dio al Gobierno el OK definitivo.

El lunes, de hecho, Massa no fue el único que reaccionó ante la falta de respuestas. El lunes, de hecho, Massa no fue el único que reaccionó ante la falta de respuestas. El secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, les dio a los supermercados una indicación clara durante una reunión con las empresas nucleadas en la Asociación de Supermercados Unidos (ASU).

Los ejecutivos de Coto, Carrefour, Cencosud y otros escucharon de boca del secretario la directiva: no convalidar ningún aumento de más de 4% y derivar a él cualquier incremento que supere ese guarismo, que es la mitad de los incrementos de los últimos tres meses.

Los supermercadistas, mientras tanto, ya reciben listas de precios muy por encima de ese límite. Según una fuente del sector, las grandes empresas de consumo masivo envían listas de 7% promedio, con números que llegan a 12,5 y hasta 15% en un mes.

PELEA POR LOS PRECIOS

Esto comenzó a generar ciertas rispideces entre alimenticias y supermercados. Algunas empresas se negaron a volver con precios más acomodados, incluso pese a la advertencia de que el pedido había llegado desde Comercio.

"Son varias las empresas que durante estos días nos hicieron llegar listados con aumentos importantes. Y la disyuntiva que se nos presenta en esos casos es aceptarlas para tener mercadería, o no dejarla ingresar, con lo que nos quedamos sin esos productos y castigamos la relación con el proveedor", sostuvieron a El Cronista desde una cadena.

Fuentes oficiales indicaron que la iniciativa busca ser complementaria del congelamiento de precios de unos 1200 o 1500 productos por 120 días. "La idea es que los productos que no ingresen al plan de estabilización de precios, no superen el 4% de aumento, tomando como referencia octubre", indicaron ante la consulta de El Cronista.

Dentro de las empresas, el panorama, en general, es claro. No se formará parte de Precios Justos, a menos que se logre algo a cambio. Esa negociación se podría aceitar si el Gobierno -como se deslizó en alguna oportunidad- abre al menos un poco la puerta de la importación de insumos.

Es que las alimenticias ya pusieron sobre la mesa la idea de realizar una suerte de trueque: "entregar" algunos productos al programa oficial, a cambio de poder importar algunos insumos y no frenar la producción.

Esta variable todavía no prosperó demasiado, pero sin dudas es una de las llaves que podría hacer más amistosa la negociación.

La idea de crear una nueva canasta de productos -mecanismo probado en muchas ocasiones y sin demasiado éxito- tiene un doble juego. Por un lado, mostrar que la inflación es un tema que preocupa y sobre el que se trabaja.

"Con estas cifras de inflación, ganar una elección suena a demasiado complicado. Si no se logran efectos positivos, al menos hay que mostrar que se trabaja para combatirla", reconoció a El Cronista un funcionario.

Pero por el otro lado el tema de los incrementos de los precios afecta también a la convivencia interna dentro del Gobierno. La primera que tiró la piedra a la hora de hablar de las ganancias de las alimenticias fue la propia vicepresidenta Cristina Fernández, y a partir de allí surgió una seguidilla de encuentros y desencuentros con la industria.

De hecho, para muchos las declaraciones del lunes de Massa -donde, sin tener nada arreglado con las firmas, aseguraba que el plan arrancaría en diciembre, que duraría cuatro meses y que contaría con 1500 productos- fueron apenas el principio de lo que, si no se encuentra una solución, se transformará en un camino más sinuoso todavía.

Como también ya ocurrió en otras oportunidades, y además de actualizar las multas que puede aplicar Defensa del Consumidor hasta los $ 240 millones, Massa puede apelar a palos (inspecciones de AFIP, el Ministerio de Trabajo y bloqueos de Aduana) y zanahorias (beneficios para importar, por ejemplo).