Detalles de la nueva normativa
El artículo 55 de la ley fue enmendado para establecer que la mayoría de edad será suficiente para la adquisición, tenencia y portación de armas de uso civil. La normativa incluye requisitos como la ausencia de antecedentes penales, acreditación de datos personales en dependencias policiales y la certificación de aptitudes físicas y psíquicas.
El texto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quienes argumentaron que el cambio busca reconocer la capacidad de los ciudadanos mayores de 18 años como legítimos usuarios de armas.
Simplificación de trámites y combate a la tenencia irregular
La modificación forma parte de un plan más amplio anunciado por el Gobierno en mayo, que busca modernizar los procesos relacionados con la portación y tenencia de armas. Entre las propuestas se incluye la simplificación administrativa para declarar armas, solicitar su destrucción de forma anónima y regularizar aquellas en situación irregular.
Se estima que en Argentina hay más de 800.000 armas de fuego bajo tenencia irregular. Según la cartera de Seguridad, contar con un registro actualizado y transparente es clave para combatir el uso ilegal de armas y reducir la violencia armada en la sociedad.
Reactivación del Programa Nacional de Entrega Voluntaria
En paralelo, el Gobierno anunció la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego por cuatro años, permitiendo a los ciudadanos entregar armas de forma anónima para su destrucción, sin enfrentar consecuencias legales. Además, se busca introducir mecanismos para que los usuarios puedan regularizar armas no declaradas, convirtiéndose en legítimos usuarios.
Objetivos y polémicas
Desde el Poder Ejecutivo, señalaron que estas medidas buscan combatir la inseguridad, facilitando el acceso legal a las armas para proteger a los ciudadanos frente al crimen organizado. Sin embargo, las modificaciones han generado debate en la sociedad, con posturas divididas sobre los posibles impactos de esta flexibilización en la seguridad pública.
El Gobierno reafirma que esta actualización de la normativa responde a la necesidad de modernizar el sistema de control y fomentar un uso responsable de las armas, mientras continúa trabajando en políticas complementarias para prevenir la violencia y garantizar la seguridad de los argentinos.
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