El capítulo privatizador de la Ley Ómnibus tiene a Aerolíneas, Enarsa, la radio y TV pública e Intercargo como las firmas para vender de manera total al sector privado. Otras cinco aparecen para ser concesionadas. Hay otras tres en las que el Estado debe mantener participación mayoritaria.

El Gobierno envió a las provincias el texto final de la nueva Ley Ómnibus y el capítulo final, que buscará debatir en las próximas semanas en el Congreso. El capítulo 2 contiene las pautas y las empresas del Estado que la gestión de Javier Milei quiere privatizar, de manera total o parcial. Son 12 las firmas que buscará pasar a manos de los privados si el Congreso aprueba el proyecto.

En el proyecto original de la Ley Ómnibus, en diciembre eran 41, y luego en enero habían bajado a 36. En marzo, figuraban 13, como anticipó TN. Finalmente, el borrador definitivo del nuevo proyecto quitó de la nómina a privatizar a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT).

El listado refleja los cambios negociados con parte de los gobernadores en las últimas semanas. Así, reduce a cuatro la nómina de privatización total: Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina (ex Enarsa), Radio y Televisión Argentina; e Intercargo.

Como sujetas a un esquema de concesión, el Gobierno apunta a cinco firmas: Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA); Correo Oficial; Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales.

En tanto, el artículo 8 de la Ley Bases aclara que otras tres firmas “solo podrán ser privatizadas parcialmente y el Estado nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”.

La lista de empresas a ir hacia la gestión mixta son Nucleoeléctrica Argentina -que administra Embalse, Atucha I y Atucha II-, Banco Nación junto a todas las empresas del grupo Nación, y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), que en el anteproyecto de marzo aparecía en la nómina de privatización total y que rechazó el gobernador santacruceño, Claudio Vidal.

En el artículo 7 de la Ley Bases, además, se estipula que “para proceder a la privatización de tales empresas y sociedades (las que van a manera total o concesión), se podrá considerar la transferencia a las provincias de contratos que se encuentren en ejecución”.

Los motivos por los que el Gobierno redujo la cantidad de empresas a privatizar

En diciembre, el Gobierno apuntaba a privatizar más de 40 empresas, luego pasó a 36 y posteriormente las dejó en apenas una docena. Eso no solo responde a las negociaciones con las distintas provincias, sino también a la decisión de avanzar con el cierre de otras.

La exclusión de ARSAT del listado privatizador se sumó a las que habían quedado afuera en marzo: la Administración General de Puertos, Construcción de Viviendas para la Armada Argentina, Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias (INTeA), Playas Ferroviarias de Buenos Aires, Polo Tecnológico Constituyentes y Tandanor (Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N.).

En esa lista también están la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, Ferrocarriles Argentinos, Empresa Argentina de Navegación Aérea, Desarrollo del Capital Humano Ferroviario, Educ.ar y Télam (la que buscan cerrar).

La nueva Ley Ómnibus quedó con 279 artículos y contiene, además de las privatizaciones, las desregulaciones económicas -como las hidrocarburíferas- y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Incluye además la declaración de emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año y la delegación de facultades al Ejecutivo.