Este cambio se produce un año después de la implementación del Sistema de Alto Riesgo, y sigue a la detección de que algunos reclusos estaban transmitiendo órdenes a sus asociados en el exterior mediante familiares y abogados. Según informes, se han arrestado a nueve familiares y dos abogados por facilitar la comunicación de estos reclusos con sus organizaciones criminales.

El endurecimiento de las políticas de visita también responde a incidentes recientes, como la detección de instrucciones escritas entregadas a una madre durante una visita, que ordenaban la continuación de actividades delictivas. Este hecho culminó con la detención inmediata de la visitante. En respuesta, las autoridades han limitado las visitas a dos familiares directos mayores de 16 años y los hijos menores de los internos, que podrán visitar cada quince días durante sesenta minutos en locutorios especiales.

El sistema también ha sido diseñado para prevenir el ingreso de contrabando, como drogas y armas, y regulaciones estrictas sobre comunicaciones telefónicas y correspondencia. Este refuerzo se considera crucial para cumplir con los compromisos internacionales del Estado Argentino en la lucha contra el crimen organizado. Además, cualquier visitante que haya sido condenado o investigado por delitos no será autorizado para ingresar como visita.

Estas medidas representan un esfuerzo continuo por parte del Servicio Penitenciario Federal, bajo la gestión de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, para asegurar que las prisiones no se conviertan en centros operativos para la planificación de crímenes.