El Gobierno nacional puso en marcha una nueva regulación que elimina a los intermediarios en el sistema de salud y obliga a los trabajadores en relación de dependencia a elegir si sus aportes irán directamente a su obra social o a una empresa de medicina prepaga. La medida, que busca terminar con los llamados "sellos de goma", fue publicada este viernes en el Boletín Oficial y establece un plazo de 60 días para que los afiliados tomen una decisión.

Hasta ahora, quienes optaban por una prepaga debían canalizar sus aportes a través de una obra social, que actuaba como intermediaria y retenía entre un 3% y un 10% del dinero antes de girarlo a la empresa de medicina privada. Según el Gobierno, esto fomentó la creación de obras sociales fantasmas que se financiaban con estas comisiones sin prestar un servicio real.

Impacto de la medida y reacción del sector

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) estima que la triangulación involucraba a más de 1.400.000 afiliados, generando un flujo de fondos superior a los 30.000 millones de pesos mensuales. Con esta resolución, el dinero irá directamente a la prepaga o a la obra social elegida, eliminando la retención intermedia.

Desde el Gobierno aseguran que esta medida busca transparentar el sistema y brindar mayor libertad a los trabajadores, quienes ahora podrán decidir directamente a dónde se destinarán sus aportes sin la imposición de intermediarios. Además, sostienen que esto debería reducir costos para los afiliados al eliminar un porcentaje que hasta ahora quedaba en manos de obras sociales sin mayor función operativa.

Por otro lado, las obras sociales sindicales advierten que esta decisión debilitará aún más el sistema solidario de salud, ya que muchos de los fondos retenidos eran utilizados para financiar prestaciones dentro de las propias obras sociales.

Qué deben hacer los afiliados

Los trabajadores que deseen mantener su obra social como prestadora principal no necesitan realizar ningún trámite. Sin embargo, aquellos que prefieran que sus aportes sean transferidos directamente a una empresa de medicina privada tienen 60 días para formalizar su decisión a través de los canales habilitados por la Superintendencia de Servicios de Salud.

Con esta medida, el Gobierno continúa avanzando en su plan de desregulación del sistema de salud, promoviendo un esquema de competencia directa entre obras sociales y prepagas, con el objetivo de reordenar los aportes y eliminar lo que considera una estructura burocrática innecesaria.