El rubro Alimentos y bebidas, uno de los de mayor impacto en la medición, fue el principal impulsor de la suba, con un alza del 3,3%. Además, el estudio revela datos alarmantes en materia social: a lo largo de 2024, el 43% de los ocupados cayó bajo la línea de pobreza, proporción que se eleva al 77,8% entre los desocupados. Esta tendencia no es reciente: desde 2017, año en que el 18% de los trabajadores se encontraba en situación de pobreza, se ha registrado un avance sostenido de este indicador, sumando más de 6 millones de asalariados a la franja más vulnerable.
Frente a este panorama, Nicolás Trotta, exministro de Educación y actual director general del CCD, advirtió sobre el profundo deterioro en el poder adquisitivo de las familias. “La reducción de los ingresos generó un fenómeno perverso: estar dentro del sistema productivo pero padecer pobreza en la distribución”, afirmó. Trotta señaló que esta contracción empezó en la segunda mitad del gobierno de Mauricio Macri y que la gestión peronista posterior no logró revertirla. Para el exfuncionario, la clave de la reconstrucción justicialista pasa por priorizar la dignidad material y plena de cada individuo, evitando el retorno del “individualismo neoliberal”.
En cuanto al comportamiento de los precios, el análisis del IET/CCD detalla que la disparidad entre los diferentes sectores fue menor que en meses previos. Los productos estacionales, como frutas (+5,5%) y verduras (+4,4%), lideraron las subas, mientras que el resto de las categorías anotaron incrementos entre el 2% y el 3%. Educación y Comunicaciones avanzaron al mismo ritmo que el nivel general (2,9%), mientras que otros capítulos como Vivienda, Salud, Recreación y cultura, Indumentaria, Equipamiento del hogar y Transporte registraron aumentos inferiores al promedio, lo que redujo la dispersión de precios observada en períodos anteriores.
En este contexto de alta inflación, la combinación entre pérdida de ingresos y encarecimiento de productos esenciales refuerza la crisis social y económica que atraviesa el país. La lucha contra la pobreza y la desigualdad, señalan los expertos, exigirá políticas públicas capaces de reencauzar el poder adquisitivo del salario y retomar la senda hacia una distribución más equitativa.
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