La incipiente negativa de las provincias a la “invitación” del gobierno nacional a pagarle a sus empleados dos bonos de $30.000 cada uno, según uno de los anuncios que encadenó el domingo pasado el ministro de Economía, Sergio Massa, se debería, al menos en parte, a la reciente evolución de los fondos que el Gobierno envía a los distritos subnacionales y al desparejo reparto de los mismos.

Trece distritos –de variado color político– ya dijeron que no pagarán el bono e invocaron acuerdos salariales previos en sus respectivas paritarias. Las provincias no tienen la posibilidad de aumentar el gasto en montos exorbitantes, como los $7,65 billones que acaba de disponer por DNU el gobierno nacional, ni de financiarlo con dinero emitido por el Banco Central. El endeudamiento con los bancos provinciales tiene límites mucho más estrechos y la emisión de “cuasimonedas” es un muy mal recuerdo.

Por otra parte, los datos más recientes sobre el envío de fondos por parte de la Nación no ayudan a que las provincias se avengan a la “invitación” oficial. Uno a tener muy en cuenta es que en julio la variación de las transferencias de Nación a las provincias estuvo por cuarto mes consecutivo por debajo de la inflación, según precisa un informe de la consultora Aerarium, especializada en temas de federalismo fiscal.

El mes pasado los fondos automáticos enviados a las provincias cayeron 4,3% en términos reales, principalmente debido a lo floja evolución de la recaudación del IVA y del impuesto a los combustibles, dos signos recesivos. En términos nominales los envíos aumentaron 106,7%, unos diez puntos por debajo de la inflación. Todas las provincias perdieron, aunque la que menos lo hizo fue Santa Cruz, adonde los envíos aumentaron 110,5 por ciento.

Y si bien la participación de las 24 jurisdicciones en la recaudación total fue del 46,8%, si se considera la “distribución primaria ampliada”, que incorpora al cálculo el financiamiento del BCRA, la participación provincial se redujo al 37,7%, el nivel más bajo desde junio de 2022, precisa el informe de Aerarium.

A discreción

El favoritismo político es aún más visible en la distribución de los llamados ATN (Adelantos del Tesoro Nacional), una parte de esos “fondos discrecionales”, que maneja el ministerio del Interior en manos de Eduardo “Wado” de Pedro, el jefe de la campaña presidencial de Massa.

Por caso, sobre $3.788 millones distribuidos por este sistema en julio, el 100% fue a nueve provincias, todas oficialistas: $615 millones fueron a Chaco, $510 millones a Salta, $508 millones a Formosa, $495 millones a Santa Cruz, $490 millones a Tucumán, $320 millones a Santiago del Estero, $300 millones cada una a Neuquén y San Juan y $250 millones a Chubut. Hay allí un solo distrito no peronista (Neuquén, gobernada por el Movimiento Popular Neuquino) y ninguno de signo político opositor.

El cuadro de arriba expone en cifras el muy desparejo reparto de esos fondos ya no en un mes, sino en los últimos doce meses, El 53% de los ATN se repartió entre los primeros cinco distritos y el 79,5% entre los primeros diez, todos con camiseta oficialista. En el extremo opuesto, los tres distritos del fondo de la tabla (Corrientes, Jujuy y CABA) son todos de la oposición de Juntos por el Cambio, y en el caso de CABA la asistencia fue cero.

Hijos y entenados

Aun así, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof todavía no señaló de modo claro que su gobierno vaya a aceptar la “invitación” de Massa. Su señalamiento de que los salarios provinciales bonaerenses ya aumentaron más que la inflación sugiere incluso cierta renuencia. Además, los intendentes bonaerenses de Juntos por el Cambio, que gobierna 135 municipios de la provincia, le pidieron un “fondo extraordinario” para pagar los bonos.

Según información del BCRA que maneja el gobierno nacional, hacia fines de junio las provincias tenían unos $2,2 billones de fondos entre cuentas corrientes, en tanto los municipios contaban con unos $442.000 millones.

Teniendo en cuenta que las provincias tienen cerca de 2,2 millones de empleados y los municipios aproximadamente 800.000, la cuenta apunta a que las primeras deberían destinar el 40% y poco más del 10% de sus respectivos ahorros en pesos para pagar un bono que no cambiará mucho el humor de sus empleados y las dejará financieramente menos cómodas de cara a una etapa de alta incertidumbre política y electoral.

Todas las cifras expuestas pueden relativizarse al considerar el nivel de desarrollo y riqueza relativa y, más aún, la población de cada distrito. Aunque no hay análisis disponibles de datos recientes, los de 2022, de un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) evidencian también allí grandes diferencias.

Como puede verse, el año pasado las transferencias de Nación al conjunto de las provincias argentinas (medida a precios de diciembre de ese año) promediaron los $298.000 por habitante; todos los distritos que recibieron más que el promedio son del color político del gobierno nacional y todos los opositores están por debajo del promedio, aun tratándose de provincias que difícilmente puedan ser consideradas “ricas”, como Jujuy y Corrientes. Al fondo de la tabla aparecen la provincia de Buenos Aires, la de mayor superficie y población del país, y CABA, que recibió poco más de 20% del promedio nacional.