La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció días atrás una nueva medida que tiene como objetivo investigar las transferencias bancarias que no puedan ser justificadas adecuadamente. Este movimiento por parte del ente recaudador generó una serie de preguntas sobre quiénes serán los afectados por esta medida y cuáles serán las consecuencias en caso de no poder justificar dichas transferencias.

En un contexto en el que las transferencias de dinero se convirtieron en una herramienta fundamental para la circulación de recursos económicos y la realización de operaciones bancarias, es importante entender las implicaciones de esta nueva regulación.

Uno de los aspectos clave de esta medida es el establecimiento de un límite máximo para las transferencias mensuales, que asciende a $200.000. Aquellos que realicen transferencias que superen este límite se encontrarán en la obligación de justificar el origen de los fondos tanto ante la entidad bancaria como ante la AFIP.

En caso de que el monto total acumulado de los depósitos a plazo realizados en un período mensual alcance o supere los $200.000, las entidades financieras estarán obligadas a informar esta situación a la AFIP. Esto subraya la importancia de la transparencia en las operaciones financieras, especialmente cuando se trata de montos significativos.

Transferencias en la mira: ¿hacia dónde apunta la AFIP?

Es importante destacar que la medida de la AFIP no busca entorpecer operaciones legítimas, como la venta de una propiedad. Si una transferencia de dinero elevada está debidamente justificada, no debería haber problemas significativos. En algunas situaciones, el banco podría retener los fondos de manera preventiva, pero una vez que se presente la documentación adecuada que respalde la transacción, los fondos podrán ser liberados sin inconvenientes.

Sin embargo, la situación es diferente cuando una transferencia no está debidamente justificada, como en el caso de una venta informal de un dispositivo electrónico de alto valor. En este escenario, existen riesgos y la posibilidad de que la AFIP tome medidas.

Para los contribuyentes que están inscritos en el régimen de monotributo, la falta de justificación de una transferencia bancaria puede levantar sospechas de evasión fiscal. La AFIP podría emprender diversas acciones, que incluyen la imposición de sanciones y multas, e incluso la pérdida de la condición de monotributista por parte del usuario.

En el caso de personas que no están registradas ante la AFIP, el banco podría retener o rechazar la transferencia y exigir la justificación de los fondos. Si esta justificación no se proporciona, la entidad bancaria podría tomar medidas adicionales, como el cierre de la cuenta involucrada y la elaboración de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que sería presentado ante la Unidad de Información Financiera (UIF).