Los empresarios navieros aclararon que si bien se intentó morigerar las “graves consecuencias” que hubiera tenido la modificación de la Ley Federal de Pesca, tal como estaba planteada en el proyecto de ley ómnibus, hay cambios si mantendrán efectos negativos en la actividad.

“Cambiar la escala meritocrática del artículo 27 de la Ley Federal de Pesca (Historia, Inversiones, Empleo, Procesamiento e Infracciones) por una mera licitación, aunque sea nacional, sigue siendo un gravísimo error”, destacaron.

Según la Cámara, primero porque los “intereses foráneos sin antecedentes fácilmente pueden radicarse en el país y pretender licitar sin la “mochila” de inversiones y empleo que hoy tienen las actuales empresas pesqueras argentinas”. Y segundo, porque “estaríamos poniendo en una lucha desigual y en riesgo a miles de puestos de trabajos que dependen de pymes familiares frente a las grandes empresas nacionales y de capitales extranjeros que hoy existen. Por ello solicitamos archivar definitivamente todo el capítulo de modificaciones sugeridas a la Ley Federal de Pesca”.

En el parte de prensa, los dirigentes navales también advirtieron sobre “otro error” de diagnóstico que existe al decir que la pesca “no aporta lo suficiente” o que está “por debajo de su punto óptimo”.

“En este sentido debemos aclarar que, lamentablemente para nuestra industria pesquera, todas las especies del caladero están en su máximo rendimiento. Esto nos obliga a trabajar solo en el reemplazo de buques, cuando como Industria Naval nos encantaría hacer más barcos. De todos modos, es posible aumentar el empleo y las exportaciones pero solo a través del agregado de valor y no aumentando las capturas. Lamentablemente los Derechos de Exportación planos del 15% para todas las manufacturas van en contra de esa dirección”, expresaron.

Asimismo, remarcaron que “los aportes que hoy hace el sector, diremos que la presión fiscal que tiene es asfixiante y en los últimos dos años de atraso cambiario, casi todas las empresas pesqueras tuvieron quebrantos y eso hizo ralentizar la renovación de la flota”.

La Cámara indicó que “solamente” en materia de derechos de exportación el sector aportó aportado más de u$s2.300 millones en los últimos 20 años y alertó que esas alícuotas de retenciones hoy se han triplicado, lo cual es “muy grave”. “Y esto es solo un ítem porque además hay otros centenares de millones de dólares aportados anualmente en impuestos, cánones pesqueros, cargas sociales”, subrayaron.

“Imaginemos todos los barcos que se podrían haber renovado si esos recursos captados por el Estado hubieran quedado en manos de los privados, seguramente tendríamos la flota pesquera más moderna del mundo y una industria naval argentina de excelencia internacional”, consideraron los industriales.

Por último, los empresarios navales estimaron que si bien en la pesca argentina “hay muchas desregulaciones por hacer, aspectos por mejorar y transparentar”, los cambios “no pasan por modificar una ley que funciona, que es el marco que ha dado estabilidad jurídica a las inversiones realizadas y que permitió la recuperación del recurso luego de la crisis de fines de los 90”.

“El Poder Ejecutivo tiene la oportunidad de encarar esas mejoras de manera institucional definiendo autoridades técnicas, probas y honestas tanto en la Subsecretaria de Pesca como en el Consejo Federal Pesquero donde tiene la mayoría. Comencemos por esas designaciones y sigamos con el diálogo adulto y responsable con los sectores de la Pesca y de la Industria Naval para no detener inversiones y procesos en marcha, como la virtuosa renovación de la flota pesquera que se inició con el dictado del DNU 145/19”, concluyeron.