El presidente Javier Milei firmó este viernes una serie de decretos que establecen cambios significativos en la administración y los gastos de las 62 universidades nacionales. Las medidas, publicadas en el Boletín Oficial, buscan alinear las gestiones de estas instituciones con los sistemas de control utilizados por la administración pública nacional, bajo el argumento de garantizar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Nuevos sistemas de gestión obligatorios

Uno de los decretos más destacados exige que las universidades adopten el Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF) y las plataformas COMPR.AR y CONTRAT.AR, destinadas a la adquisición de bienes y servicios, y obras públicas, respectivamente. Aunque algunas universidades ya implementan estos sistemas, otras, como la UBA, aún no lo hacen. Desde el gobierno aseguran que esta medida es clave para “minimizar riesgos de prácticas ineficientes y fomentar la neutralidad”.

Por otro lado, otro decreto elimina las contrataciones directas entre reparticiones públicas y universidades, salvo en casos excepcionales donde se acredite que son el único proveedor disponible. Desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, explicaron que detectaron irregularidades en más de 2000 convenios entre 2022 y 2023, donde se tercerizaban servicios y se cobraban cánones que inflaban los costos.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que representa a las 62 casas de estudios, adelantó que respetará las disposiciones, aunque no comparte completamente la visión del gobierno. "No creemos que este cambio hacia licitaciones públicas sea necesariamente óptimo. Ya vivimos épocas donde las consultoras privadas ganaban licitaciones a costos mayores y subcontrataban a nuestros profesores por menor precio", expresaron desde el organismo.

Sin embargo, algunos rectores anticipan que plantearán ajustes en las reuniones técnicas con el gobierno. Universidades como la UBA podrían ser más resistentes a implementar algunas de las nuevas medidas, dadas las características de su estructura administrativa y operativa.

Impacto en programas y fondos

Aunque el gobierno busca un cronograma progresivo para la transición, no descarta tomar medidas en caso de resistencia por parte de las universidades. Entre las opciones mencionadas figura el recorte de ciertos programas, como los fondos destinados a doctorados. Este punto genera preocupación entre las casas de estudio, que señalan que ya cuentan con herramientas propias, como Pilagá o Universidades Compran, para gestionar sus recursos de forma eficiente.

Fuentes oficiales justificaron las medidas como parte del objetivo de auditar los gastos universitarios y avanzar en el ajuste fiscal. “Estas reformas buscan unificar normas y sistemas, garantizar la transparencia y proteger el interés público”, señalaron desde el Ejecutivo.

Aunque el debate continúa abierto, estas disposiciones evidencian un esfuerzo del gobierno por centralizar y controlar la gestión universitaria, en un contexto de ajustes económicos más amplios. La implementación de los cambios dependerá, en gran medida, del diálogo entre el gobierno y las universidades en los próximos meses.