Un informe que pidió el Ministerio de Desarrollo Social a la AFIP determinó que 253.184 beneficiarios de planes sociales compraron dólares y declararon bienes personales. Esto es incompatible con poseer una ayuda estatal.

Según lo establece el decreto 728, firmado el jueves pasado por Alberto Fernández, se prohíbe el ingreso de nuevos beneficiarios de planes sociales, además de que los que se den de baja no tengan un reemplazo por otros. Según se especifica, esos fondos se utilizarán para comprar máquinas y herramientas para emprendimientos sociales.

De acuerdo al informe al que accedió Infobae, la documentación fue pedida por el entonces ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta el pasado 30 de junio.

Asimismo, según comunicaron desde el área, el informe todavía no llegó al despacho de Victoria Tolosa Paz pero, de llegar y de ser cierta dicha información, la funcionaria deberá dar de baja a todas aquellas personas que hayan incumplido con esas normas para acceder al programa Potenciar Trabajo.

El pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Social se respondió el día 24 de octubre pero la nueva gestión está aún esperando dar con los datos.

Organizaciones sociales en alerta

Eduardo Belliboni, referente del Partido Obrero, rechazó el plan de ajuste y lanzó advertencias. "Llegamos casi hasta fin de año con los programas cerrados, un ingreso miserable de $25000, un cuarto de la canasta de pobreza y sin ninguna perspectiva de mejora en lo que resta del año en la cuestión central, que es el reclamo de las organizaciones de la unidad piqueteras: trabajo genuino", dijo Belliboni.

Y agregó, desafiante: "Frente a este cuadro advertimos que de no encontrarse mínimas respuestas ya acordadas y establecidas con el Ministerio de Desarrollo Social volveremos a salir fuertemente en todo el país con acciones de lucha la semana que viene, sin descartar una permanencia frente al Ministerio reclamando una reunión con la señora Tolosa Paz, que nunca respondió nuestro pedido de audiencia".

En septiembre, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación confirmó la incompatibilidad entre el programa Potenciar Trabajo y las Becas Progresar dependientes del Ministerio de Educación. Por eso, los titulares que reunían ambos prestaciones deberán optar de manera obligatoria por una de ellas y darse de baja de otra. Son unos 40 mil beneficiarios.

"Se observó que existía una incompatibilidad entre el programa Progresar y el Potenciar Trabajo, y se suspendió a quienes presentaban esa incompatibilidad. Las personas que tienen la suspensión del programa Potenciar Trabajo deben elegir entre uno u otro", explicaron fuentes oficiales.

"En agosto, se empezó a trabajar en un proceso de auditorías y relevamiento de información de las personas que tienen Potenciar Trabajo, que incluye una articulación con las universidades nacionales", señalaron desde el Ministerio de Desarrollo Social.