La Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó una modificación a la normativa de las Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) mediante la Resolución General N° 1037, permitiendo una mayor flexibilidad en la privatización de empresas públicas, principalmente en los sectores de energía y gas. Esta medida incluye a empresas como Metrogas, que ahora podrán transferir hasta el 50% de sus acciones estatales a un privado sin necesidad de realizar una OPA.

Detalles de la nueva normativa

La excepción aprobada por la CNV establece que el adquirente privado debe asumir la misma posición que el Estado en los convenios de accionistas preexistentes, manteniendo la estructura de control y gobernanza de la empresa. Según el comunicado oficial, esto garantiza la continuidad operativa y administrativa de las empresas afectadas.

“La normativa contempla que un nuevo accionista asuma la posición del vendedor, respetando los acuerdos preexistentes y manteniendo intacta la participación de la sociedad controlante en la emisora. Esto asegura la estabilidad en la gobernanza y las operaciones”, señala el informe de la CNV.

Declaraciones y objetivos estratégicos

El presidente de la CNV, Roberto E. Silva, explicó que la medida tiene como propósito eliminar barreras regulatorias que dificultaban la transferencia de activos estatales, asegurando al mismo tiempo la protección del interés público.

“La resolución busca equilibrar el interés público, la protección de los inversores y la necesidad de crear un entorno jurídico adecuado para la transferencia de activos por parte del Estado Nacional. Este avance está alineado con los objetivos estratégicos del Gobierno Nacional”, afirmó Silva.

La normativa también tiene como objetivo optimizar la participación estatal en sectores clave, como el de energía y gas, promoviendo una reconfiguración de las inversiones públicas para cumplir con metas estratégicas y económicas.

Impacto en empresas estatales

Entre las empresas afectadas, Metrogas destaca como una de las principales entidades que podría ser transferida parcialmente a privados. Esta medida refleja un cambio en la política estatal hacia una mayor colaboración con el sector privado en áreas estratégicas, bajo el argumento de fomentar el crecimiento económico y la sostenibilidad de las operaciones.