A raíz de irregularidades detectadas, el fiscal Guillermo Marijuan pidió la suspensión del programa Potencia Trabajo y reempadronar a los beneficiarios. Ya varios fueron dados de baja, luego de que se determinara que no cumplían con los requisitos.

Al dar por terminada una investigación preliminar iniciada en su fiscalía, Marijuan presentó una denuncia penal en la que reclamó "se cumpla con la suspensión de los planes sociales detectados en tal infracción a la normativa vigente por la AFIP", sostuvo en el texto al que tuvo acceso Télam.

En la denuncia, pidió además que se cite a prestar declaración como testigos a "los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social a cargo de la implementación del Plan Potenciar Trabajo y asimismo a los funcionarios de la AFIP involucrados en el desarrollo del informe que se alude en esta denuncia".

También solicitó que "se recabe de la AFIP el informe reservado original y completo, que fuera encomendado por el Ministerio de Desarrollo Social y que diera cuenta de las irregularidades mencionadas en la presente".

El fiscal pidió que se incorpore a la investigación judicial la nómina de contribuyentes que surge del relevamiento para lo cual pidió que se releve del secreto fiscal a la AFIP.

Entre las medidas de prueba, pidió también que se solicite al Banco Central informes sobre el Plan Potenciar Trabajo, "cuál es la cantidad de beneficiarios que cobran por transferencia y qué otros lo hacen por cajero" y qué medidas "han adoptado por parte de esa institución para evitar situaciones como la presente, es decir, la posibilidad de que beneficiarios de planes sociales puedan acceder a la adquisición de divisas a través de una institución bancaria".

En la denuncia el fiscal evaluó que podría estarse ante el delito de "defraudación a la administración pública".

En el informe al que alude el fiscal, se detectó "una numerosa cantidad de personas beneficiarias del plan Potenciar Trabajo, que adquirían divisas extranjeras de las arcas del Estado Nacional y/o declaraban bienes personales".

"Asimismo, en dicho relevamiento se corroboró que, aproximadamente 2800 personas fallecidas continuaban cobrando dicho plan asistencial", remarcó.

En la denuncia, Marijuan detalló el resultado del relevamiento de la AFIP sobre de 1.383.279 de casos que arrojó que 44.235 recibieron ingresos en los últimos seis meses mayores a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil.

En 63.211 registran gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil. En 253.184 presentaron declaración jurada de bienes personales, 52.987 son propietarios de más de un inmueble, automotor, embarcación o aeronave.

En 10.477 registran un automotor de menos de un año de antigüedad y unos 200 accederían a la medicina prepaga.

Y en relación a la compra de dólares con fines de ahorro a través de bancos, se detalla que ocurrió en 35398 casos mientras que hay 2870 fallecidos que seguirían cobrando.

Potenciar Trabajo: la investigación

El Ministerio de Desarrollo Social, la justicia y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) confirmaron que realizan una auditoría conjunta sobre el programa Potenciar Trabajo luego de que se conociera que beneficiarios adquirieron dólares.

En este análisis, también surgió que al menos 2800 personas fallecidos siguen cobrando la asistencia social. En este contexto, la justicia solicitó más información y no se descartan más bajas.

El Gobierno anticipó que tras identificar a los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo que hayan adquirido dólares o que tengan un contexto impositivo incompatible con el programa, serán suspendidos "inmediatamente". Serían más de 200.000 los que compraron divisas o declaran Bienes Personales.

Esto, surgió mientras el Gobierno de Alberto Fernández anunciaba una fuerte revisión de los planes sociales, para controlar mejor los gastos del Estado. El pedido de informes se contestó el 24 de octubre, y ahora el Ministerio espera poder identificar a todos los ciudadanos incluidos en este cuestionado universo de beneficiarios irregulares.

En concreto, de los 1,3 millones de inscriptos, 253.184 -el 18,30%- hicieron declaraciones juradas de Bienes Personales, mientras que 35.398 -2,56%-, habrían adquirido dólares en los últimos seis meses. Así, todos ellos podría ser expulsados a la brevedad.

El Ministerio de Desarrollo Social gasta casi la mitad de su presupuesto anual en el Potenciar Trabajo

"La información es todavía estadística, no permite encontrar la nominalidad de esos datos", detalló Desarrollo Social. Con ese marco, anticiparon que se pondrá mayor atención en trabajar de modo articulado con el Ministerio de Trabajo, la AFIP y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), para entrecruzar datos.

"El Potenciar Trabajo es una política muy importante, conlleva una erogación presupuestaria de casi el 50% del presupuesto nacional anual de este Ministerio", añadieron en una conferencia de prensa. Ahora, se están entrecruzando los datos de la última liquidación del programa para identificar las inconsistencias entre los receptores.

"Es parte del trabajo que estamos haciendo a la hora de tener certezas del universo que hoy recibe el Potenciar Trabajo", agregaron. "La gran mayoría son hombres y mujeres que no tienen ingresos, que no tienen recursos. Hay un reconocimiento a la actividad popular, pero si uno, dos, o 100, están incumpliendo con parte del acceso a la ventanilla del Ministerio de Desarrollo Social, por supuesto que no lo vamos a permitir", ratificaron.

Por otro lado, este miércoles dirigentes de agrupaciones sociales piqueteras acudieron al Ministerio, tras anunciar una gran protesta autodenominada "piquetazo", para este jueves. El anuncio de la movilización se dio mientras el Gobierno avanza en su política de limitar los nuevos accesos a los planes sociales.

De todos modos, desde el Ejecutivo ya aclararon que pese a las intenciones de cortar las calles por parte de los movimientos sociales, la decisión de restringir las inscripciones seguirá firme.

Actualmente, la remuneración para los beneficiarios del plan es de 27.275 pesos. El programa está pensado para personas vulnerables, sin empleo formal o ingresos registrados considerables.