A solo tres meses de finalizar su gestión el Gobierno apura y da los pasos finales hacia un cambio radical en la elaboración de los documentos de identidad en la Argentina porque está a punto de adjudicar una licitación para un nuevo DNI, que traería varias novedades.

Esta licitación implicará cambiar toda la maquinaria, en todo el territorio nacional. Además ocurre sin que hubiera una urgencia determinada porque no vencía ninguna licitación ni hubo una necesidad específica para este cambio, aunque diversas fuentes dijeron que era oportuno hacerlo debido a que la Argentina está atrasada en tecnología documental respecto de países de la región. LA NACION consultó a fuentes oficiales por el momento de ejecución del proyecto, a poco de dejar la Casa Rosada, y respondieron que era una promesa de esta gestión, que se está cumpliendo.

De las especificaciones técnicas surge que el nuevo DNI tendrá varias modificaciones fundamentales: será de policarbonato, se incorporará un chip y cambiará todo el diseño de manera sustancial. Por ejemplo, la foto a color estará en una “ventanita” transparente. También habrá una nueva hoja de identificación (la plástica) dentro del pasaporte. El costo para el Estado será cercano a los US$57 millones e implicará cambiar todo el sistema de producción y la importación de decenas de máquinas e insumos. Dos empresas se llevarán el negocio. Unitec Blue SA, parte del grupo Corporación América, de Eduardo Eurnekian, los DNI. Ipesa SA, una imprenta del empresario Eduardo Lerner, dueño de la revista Pronto y con cuya pyme hizo boletas electorales este año y anteriores, se quedará con los pasaportes.

El DNI electrónico contendrá un chip contactless, como el que tienen las tarjetas de crédito más modernas, lo que permitirá incluir la información personal e integrarla al sistema internacional, con lo que autoridades de países extranjeros podrán leer y corroborar los datos del individuo que presenta el documento. También permitirá utilizarse como segundo factor de verificación para hacer trámites y alojar servicios digitales, lo que podría permitir integrar servicios bancarios o de transporte, como la SUBE. Para los detalles técnicos, se dio intervención a organismos internacionales, como la Casa de la Moneda y Timbre de España.

El proyecto fue carpeteado varias veces durante los últimos casi 10 años. Surgió por primera vez en 2014, pero nunca se concretó. El Gobierno espera que el nuevo DNI comience a circular después de las elecciones generales, momento en el que se haría una presentación oficial y se conocería el diseño final, que guardan cuidadosamente. Para ese entonces restará cerca de un mes y medio para el recambio presidencial, plazo en el cual planean finalizar la adjudicación (no estarían pensando en cambiar la distribución del negocio que dictaminaron los técnicos), importar las máquinas y comenzar a imprimir. Los pasaportes tardarían más en llegar.

La licitación, a cargo del Registro Nacional de las Personas (Renaper), dependiente del Ministerio del Interior que comanda Eduardo Wado de Pedro, se inició en marzo de este año, después de haberse dejado sin efecto una anterior. Se debió a que los presupuestos presentados por las empresas participantes excedían ampliamente el indicado en los documentos oficiales. Argumentaron distintos motivos, entre los que se adujeron la dificultad y el costo para importar, el dinero que implicarían las inversiones que se requieren y la inflación. En la que avanzó, identificada como 78-0001-LPU23, se presentaron nueve empresas, de las cuales solo tres confirmaron su oferta. Una de ellas, la de Eurowitcel SA, fue desestimada, según el dictamen, por errores y falencias en el cumplimiento de los requisitos.

Actualmente, están preadjudicadas las otras dos empresas. Unitec Blue SA se llevaría el negocio de los DNI y el Instituto de Publicaciones y Estadísticas SA (Ipesa SA), el de los pasaportes. Los montos y cantidades son sustancialmente distintos. Se requirieron 7,2 millones de tarjetas para los documentos de identidad (suficiente para un año y algunos meses de impresiones) y hasta 34 máquinas para producir los DNI, para los que se abonarían US$45.378.416,8 a Unitec Blue SA. En el caso de los pasaportes, se solicitaron 1 millón de hojas de policarbonato para la libreta y 16 máquinas, lo que costará US$11.822.223, que irían a Ipesa. En ambos casos, las empresas tienen que proveer los software informáticos, sus licencias, la gestión logística y capacitación para la utilización. Las impresoras provendrán de Alemania y China, respectivamente.

El sistema de producción documental está armado de manera tal que proveedores privados le venden al Renaper los insumos necesarios para la impresión de los mismos, que está a cargo del Gobierno. La sede central se encuentra en Barracas y es conocida como la “fábrica Chutro”. Ahí es donde se hacen la mayoría, y una parte de la gestión está dispersa en locales en todo el país.

En 2020, Unitec Blue SA ganó por primera vez una licitación por 7 millones de unidades. Hasta ese momento no había participado ningún proceso del Renaper. Eurowitcel SA, de los empresarios Gerardo y Alejandro Bacci, proveyó al Estado de las tarjetas para el DNI desde la época de Florencio Randazzo hasta finalizada la gestión de Rogelio Frigerio en el Ministerio del Interior, pero con el cambio de Gobierno hubo un punto de inflexión. Volvió a ganar en abril de 2023, por 8 millones de documentos impresos. En esa oportunidad, compitieron solamente estas dos empresas. La oferta de Eurowitcel SA fue de US$1.960.000 y la de Unitec Blue SA, que resultó adjudicada, de US$2.812.916.

LA NACION pudo averiguar que Unitec Blue SA comenzó a hacer gestiones para poder proveer al Estado de las tarjetas ocho meses antes de ganar su primera licitación, en los inicios del gobierno de Alberto Fernández. Previamente, no contaban con un productor en el exterior que les vendiera el elemento necesario (kinegrama) para hacer el holograma del DNI. Al inicio de 2020 decidieron invertir dinero para desarrollarlo e importarlo con un socio internacional. Algunos meses después, en diciembre, se presentaron al proceso de compra que finalmente ganaron, cuyo pliego contuvo algunos cambios en los requisitos técnicos que se le pedían a los oferentes respecto de las licitaciones durante la gestión de Mauricio Macri. Les permitieron presentar muestras de los DNI “similares” y no idénticas a lo que se pedía para mostrar su capacidad de hacer los documentos. Actualmente, también proveen las tarjetas SUBE al Gobierno. Todo se produce en una planta en Chascomús, provincia de Buenos Aires, en el mismo lugar donde estaba la vieja fábrica textil de Eurnekian.

Pero el proceso de licitación generó heridas. Entre Eurowitcel SA y el Ministerio del Interior se despertó animosidad. Por otra licitación perdida a manos de otra empresa, Magallanes Media SA (del mismo dueño la empresa que ganó el negocio de los pasaportes), decidió judicializar sus reclamos contra el Gobierno e inició un proceso judicial que actualmente tramita en la Cámara Contencioso Administrativa Federal, donde solicitaron una medida cautelar para suspender los efectos de la adjudicación. Distintas fuentes comentaron a este medio que la empresa comenzó a “entorpecer” licitaciones, presentándose sin los requisitos necesarios, como la garantía de oferta, para intervenir en los procesos. También dijeron que los precios a los que Eurowitcel SA vendía al Estado eran hasta ocho veces superiores a lo que se paga actualmente. En 2015, se abonaban cerca de US$4,16 por tarjeta; a partir de la asunción de Macri, pasó a unos US$1,5, y ahora, US$0,58. Las nuevas costarán US$3,3. LA NACION intentó comunicarse con Eurowitcel SA, donde prometieron responder las consultas, pero no volvieron a contactarse.

Hasta el 27 de septiembre de 2019, el director titular de la asamblea de Unitec Blue SA fue Guillermo Francos, conocido actualmente por ser quien ocuparía el Ministerio del Interior (de quien depende el Renaper) si Javier Milei se convierte en Presidente. El histórico empleado de Eurnekian, que pasó por otras de sus empresas como Wilobank (vendida a Ualá), fue funcionario público ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hasta hace algunos días, cuando renuncio para dedicarse a los preparativos para el caso de que el libertario asuma en diciembre.