Tierra del Fuego se unió a un grupo de provincias que decidieron no adherir al régimen de blanqueo de dólares impulsado por el gobierno de Javier Milei. Esta medida, que ya había sido rechazada por Buenos Aires, busca regularizar activos no declarados, pero ha generado divisiones en el escenario político provincial y nacional.

El gobernador Gustavo Melella se encuentra entre los mandatarios que optaron por no adherir, una decisión compartida por líderes como Axel Kicillof en Buenos Aires y Jorge Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Según voceros fueguinos, esta postura responde a la intención de mantener la potestad de cobrar los impuestos provinciales que los contribuyentes regularizaron durante el blanqueo.

La medida tiene repercusiones económicas importantes. Según datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en la primera etapa del régimen se incorporaron u$s 20.631 millones en cuentas especiales y más de u$s 2.690 millones en bienes. Además, se declararon 14.810 inmuebles, de los cuales 14.260 están en Argentina y 550 en el exterior. Este proceso también incluyó cuentas en países como Estados Unidos, Uruguay, España y Suiza.

Sin embargo, el rechazo al blanqueo ha generado tensiones entre las provincias y la Casa Rosada. Desde el equipo de Milei, se criticó duramente la decisión de Kicillof y de otros gobernadores, calificándola como una medida perjudicial para los contribuyentes que participaron en el régimen nacional. Felipe Núñez, director del BICE, incluso señaló que esta postura es “una locura absoluta”.

Por su parte, Tierra del Fuego y otras provincias que no adhirieron buscarán recaudar los tributos provinciales no abonados durante el proceso de regularización. Este enfoque también fue adoptado por Santa Fe, que implementará un impuesto del 2% para montos superiores a los u$s 100.000, y por Neuquén, con una alícuota progresiva entre el 0,75% y el 1,25%.

Mientras tanto, el gobierno nacional defiende el blanqueo como una herramienta clave para apuntalar la economía. Según argumentan, los dólares ingresados han otorgado mayor liquidez al Banco Central y facilitado el financiamiento de empresas, generando un impulso en el mercado de activos argentinos. Sin embargo, los analistas críticos advierten que el impacto podría ser temporal y plantean dudas sobre la sostenibilidad de esta estrategia a largo plazo.

Entre las provincias que tampoco se sumaron al régimen se encuentran La Pampa, La Rioja, Santa Cruz, Formosa, Catamarca y Santiago del Estero, además de Buenos Aires y CABA. En contraste, Mendoza decidió adherir al blanqueo sin aplicar tributos adicionales.

El debate sobre la efectividad y las implicancias de esta política continúa, mientras las provincias y el gobierno nacional ajustan sus estrategias en un contexto de creciente tensión fiscal.

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