De siete empresas que debían construir y arreglar 160 escaleras de emergencia sólo tres han desarrollado las tareas en tiempo y forma. Desde el Gobierno informaron que las obras serán desadjudicadas, se aplicarán sanciones económicas e incluso las firmas privadas podrían quedar inhabilitadas para contrataciones con organismos del Estado. La provincia había entregado un anticipo del 40% de los costos.

Así lo adelantó la presidenta del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), Leticia Hernández, quien anunció que se ordenó “rever” y “constatar” todas las obras, remarcando que aún hay casos de empresas que no han empezado con los trabajos correspondientes.

 “Se les va a dar de baja a las empresas, hay algunas que fueron multadas y que después pasan a una comisión que, en realidad, es el libro de servicio, donde se manifiesta y se le va a desadjudicar”, indicó Hernández en declaraciones con Radio Fueguina,

Y agregó que “al ejecutar la póliza se le cobra, porque ellos tienen una póliza de seguridad social, se ejecuta, y se le hace otra multa por el incumplimiento de la obra”.

Para los casos más graves, la funcionaria mencionó que “esa empresa no podría volver a ser contratada en el Estado”. Es bastante complejo el tema, y a todo esto la gran queja del vecino, nosotros ahora nos encontramos con la obligación de llegar al vecino y manifestar cómo está la situación, tenemos que reverlo todo y desadjudicar”.

“Estamos hablando de un tema de bastantes meses, estamos hablando de empresas que se las contrató antes de las elecciones, con un anticipo financiero del 40%, y no se hizo nada”, subrayando ando que se trata de “empresas con muy poco respaldo curricular”.

Por último, se refirió a la evolución de los trabajos hasta la actualidad, destacó que “de las siete, solamente hay tres que están cumpliendo en tiempo y forma la curva de trabajo”, y añadió que las obras “no se terminaron porque se termina cuando ya la empresa hace entrega de la concesión definitiva”.