El proyecto Ficha Limpia, que busca impedir que personas condenadas por delitos graves puedan presentarse a cargos electivos o ser designadas en puestos públicos, ha sido presentado por tercera vez en la provincia de Tierra del Fuego. Esta iniciativa forma parte de un movimiento nacional que ya cuenta con apoyo en varias provincias y ciudades del país, y tiene como objetivo principal promover la transparencia y garantizar que quienes accedan a cargos públicos estén libres de antecedentes penales vinculados a delitos graves como corrupción, violencia de género y delitos contra el orden público.

La propuesta presentada en los concejos deliberantes de las ciudades fueguinas establece que todos los partidos políticos o alianzas electorales que presenten listas de candidatos deberán incluir, con al menos 90 días de anticipación a las elecciones, el Certificado de Antecedentes Penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia. Este requisito será obligatorio para cada uno de los postulantes y su cumplimiento será supervisado por los órganos con competencia electoral. En caso de que una lista no presente el certificado en el plazo establecido, será considerada incompleta y no podrá participar en los comicios.

Este proyecto también abarca a los funcionarios públicos que ya ocupan cargos, tanto en planta permanente como en la administración pública municipal. Aquellos que se vean alcanzados por las previsiones de la norma deberán presentar su certificado de antecedentes penales en un plazo máximo de 30 días tras su designación o asumir el cargo. Si no cumplen con este requisito, deberán cesar de sus funciones. La normativa se propone garantizar que tanto quienes aspiran a un cargo público como quienes ya lo ocupan, cumplan con los estándares de transparencia y legalidad que la ciudadanía exige.

El proyecto de Ficha Limpia cobra relevancia en un contexto en el que la opinión pública demanda mayor transparencia en la política y una lucha firme contra la corrupción. En Tierra del Fuego, la iniciativa busca dar respuesta a estas demandas y fortalecer la confianza en las instituciones públicas. Según el texto de la propuesta, el objetivo es impedir que individuos con condenas por delitos graves sigan formando parte de la administración pública, aun cuando sus condenas no estén firmes o las penas sean de cumplimiento en suspenso.

Uno de los puntos más destacados de la normativa es la inclusión de un complemento regional que toma en cuenta las particularidades de Tierra del Fuego, donde se busca que el acceso a cargos públicos y políticos esté en consonancia con los estándares éticos que la comunidad demanda. La iniciativa también prevé la creación de mecanismos de control y sanciones en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos, lo que refuerza el compromiso con la legalidad en el ejercicio de la función pública.

Este proyecto no solo tiene el respaldo de numerosos sectores de la sociedad, sino que también forma parte de un movimiento nacional más amplio que busca asegurar que quienes accedan al poder público lo hagan con un historial limpio y sin antecedentes que puedan comprometer su desempeño. El movimiento Ficha Limpia ya ha logrado avances en más de cinco provincias y cuarenta ciudades de Argentina, y actualmente cuenta con el apoyo de más de 495 mil firmas de ciudadanos que desean ver un cambio en la clase política.

A nivel nacional, el proyecto Ficha Limpia ha sido tratado en el Congreso, donde ya cuenta con dictamen favorable en la Cámara de Diputados, lo que demuestra el creciente consenso en torno a la necesidad de mejorar la calidad institucional del país. En Tierra del Fuego, la ciudadanía también ha manifestado su apoyo a esta iniciativa, buscando que la provincia se sume a las regiones que ya han implementado esta legislación, la cual es vista como un paso importante hacia un sistema político más transparente y justo.

Con este proyecto, se espera que Tierra del Fuego avance hacia un modelo de gestión pública más ético, donde los representantes y funcionarios que ocupan cargos públicos estén comprometidos con los valores de transparencia, legalidad y responsabilidad.