Desde que llegó al poder hace un año, de la mano de una alianza de distintos sectores del peronismo y movimientos de centroizquierda, Alberto Fernández se definió siempre como “el presidente del consenso”. Lo repitió en la reunión por Zoom con los gobernadores previa a analizar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establecía restricciones nocturnas obligatorias. Por un consenso forzoso, horas después, tuvo que modificar esa decisión ante la rebelión de gobernadores propios y ajenos.
La discusión sobre el eventual toque de queda que ya aplican las democracias más viejas del mundo para intentar contener la segunda ola de la pandemia, abre un fino cuestionamiento sobre la autoridad presidencial que intentaba imponerlo. Hubo críticas, incluso, de gobernadores aliados.
El Gobierno va a negar eso y sostendrá que en realidad nunca pensó en un estado de sitio o toque de queda.
A24 / Poder / Política
POLÍTICA
08 Jan 2021 | 23:49
Rebelión en la Granja: ¿cómo queda la autoridad presidencial ante la resistencia de gobernadores y comerciantes al toque de queda?
Alberto Fernández, apenas asumió en Casa Rosada, junto a todos los gobernadores (Foto: archivo Presidencia).
Desde que llegó al poder hace un año, de la mano de una alianza de distintos sectores del peronismo y movimientos de centroizquierda, Alberto Fernández se definió siempre como “el presidente del consenso”. Lo repitió en la reunión por Zoom con los gobernadores previa a analizar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establecía restricciones nocturnas obligatorias. Por un consenso forzoso, horas después, tuvo que modificar esa decisión ante la rebelión de gobernadores propios y ajenos.
La discusión sobre el eventual toque de queda que ya aplican las democracias más viejas del mundo para intentar contener la segunda ola de la pandemia, abre un fino cuestionamiento sobre la autoridad presidencial que intentaba imponerlo. Hubo críticas, incluso, de gobernadores aliados.
El Gobierno va a negar eso y sostendrá que en realidad nunca pensó en un estado de sitio o toque de queda.
LEÉ TAMBIÉN: Cafiero confirmó las restricciones pero aclaró: "Las medidas las tienen que tomar los gobernadores"
Alberto sabe que después de la larga noche de la dictadura y de la crisis de diciembre de 2001, la sociedad argentina no acepta ni siquiera escuchar hablar de un estado de sitio ni toque de queda.
Tampoco acepta darle potestad a la policía y a las fuerzas de seguridad para limitar o demorar en las calles a quienes incumplan cualquier prohibición de circulación.
En la Constitución Nacional no está contemplado el toque de queda como figura en particular, pero sí el estado de sitio. En el artículo 23, establece que ante casos de ataque externo o de conmoción interior, el Poder Ejecutivo Nacional tiene la potestad de suspender todos los derechos individuales y los ciudadanos pueden quedar a disposición del Poder Ejecutivo.
A24 / Poder / Política
POLÍTICA
08 Jan 2021 | 23:49
Rebelión en la Granja: ¿cómo queda la autoridad presidencial ante la resistencia de gobernadores y comerciantes al toque de queda?
Alberto Fernández, apenas asumió en Casa Rosada, junto a todos los gobernadores (Foto: archivo Presidencia).
Desde que llegó al poder hace un año, de la mano de una alianza de distintos sectores del peronismo y movimientos de centroizquierda, Alberto Fernández se definió siempre como “el presidente del consenso”. Lo repitió en la reunión por Zoom con los gobernadores previa a analizar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establecía restricciones nocturnas obligatorias. Por un consenso forzoso, horas después, tuvo que modificar esa decisión ante la rebelión de gobernadores propios y ajenos.
La discusión sobre el eventual toque de queda que ya aplican las democracias más viejas del mundo para intentar contener la segunda ola de la pandemia, abre un fino cuestionamiento sobre la autoridad presidencial que intentaba imponerlo. Hubo críticas, incluso, de gobernadores aliados.
El Gobierno va a negar eso y sostendrá que en realidad nunca pensó en un estado de sitio o toque de queda.
LEÉ TAMBIÉN: Cafiero confirmó las restricciones pero aclaró: "Las medidas las tienen que tomar los gobernadores"
Alberto sabe que después de la larga noche de la dictadura y de la crisis de diciembre de 2001, la sociedad argentina no acepta ni siquiera escuchar hablar de un estado de sitio ni toque de queda.
Tampoco acepta darle potestad a la policía y a las fuerzas de seguridad para limitar o demorar en las calles a quienes incumplan cualquier prohibición de circulación.
En la Constitución Nacional no está contemplado el toque de queda como figura en particular, pero sí el estado de sitio. En el artículo 23, establece que ante casos de ataque externo o de conmoción interior, el Poder Ejecutivo Nacional tiene la potestad de suspender todos los derechos individuales y los ciudadanos pueden quedar a disposición del Poder Ejecutivo.
Se refiere a la prohibición o restricción establecida por instituciones gubernamentales de circular libremente por las calles de una ciudad o permanecer en lugares públicos; los habitantes únicamente pueden estar en sus hogares salvo excepciones de necesidad o urgencia.
Aunque la oposición intentó apropiarse de la defensa de los derechos plenos de libre circulación ciudadana, los cuestionamientos emanaron desde el centro mismo de una sociedad argentina que aprendió después de 38 años de democracia ininterrumpida.
El estado de sitio incluye la aplicación del toque de queda, pero debe ser convalidado por el Senado nacional, excepto que esté de receso, situación en la cual puede ser dispuesto por decreto de necesidad y urgencia (DNU).
El valor de la palabra y la autoridad
Ante el rechazo de tres de los gobernadores de provincias más grandes -Córdoba (Juan Schiaretti, del PJ), CABA (Horacio Rodríguez Larreta, PRO) y Mendoza (Suárez, de la UCR)- a las restricciones de circulación nocturna, Fernández en persona, tras largas reuniones con sus principales asesores en la Casa Rosada, decidió cambiar la estrategia para evitar quedar aislado y cuestionado como un presidente autoritario.
Así, lo que iba a ser una orden de cerrar la noche en todo el país en el marco de un toque de queda sanitario, se terminó transformando en una tibia “recomendación” a los gobiernos locales de aplicar esas medidas en caso de desborde sanitario por el Covid-19.
Pero esa recomendación también incluye una dura advertencia a la responsabilidad política de los gobernadores que decidan no aplicarla.
En el círculo más cercano al Presidente advirtieron que “pondrán la lupa” en el seguimiento de contagios en cada provincia y municipio.
"Al que se le dispare la ola de contagios, arriesgándose a un desborde del sistema sanitario, se le reclamará la responsabilidad de la pandemia", dijeron fuentes de la Rosada.
La pelea política que se viene con la delegación de la Casa Rosada a cada provincia por la responsabilidad de contener la pandemia forma parte de ese discurso de consenso que sigue ensayando Alberto Fernández como un estilo presidencial.
Lejos de considerarlo un fracaso, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se mostró como coordinador de un gobierno que tiene la virtud política de escuchar y buscar consensos, al anunciar el decreto simple que establece los parámetros que deberán tener en cuenta en cada distrito para decidir el toque sanitario nocturno.
“No voy a tomar ninguna medida sin el consenso de los gobernadores”, había dicho el presidente horas antes de firmar el decreto simple que legalmente funciona como una “recomendación”.
A24 / Poder / Política
POLÍTICA
08 Jan 2021 | 23:49
Rebelión en la Granja: ¿cómo queda la autoridad presidencial ante la resistencia de gobernadores y comerciantes al toque de queda?
Alberto Fernández, apenas asumió en Casa Rosada, junto a todos los gobernadores (Foto: archivo Presidencia).
Desde que llegó al poder hace un año, de la mano de una alianza de distintos sectores del peronismo y movimientos de centroizquierda, Alberto Fernández se definió siempre como “el presidente del consenso”. Lo repitió en la reunión por Zoom con los gobernadores previa a analizar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establecía restricciones nocturnas obligatorias. Por un consenso forzoso, horas después, tuvo que modificar esa decisión ante la rebelión de gobernadores propios y ajenos.
La discusión sobre el eventual toque de queda que ya aplican las democracias más viejas del mundo para intentar contener la segunda ola de la pandemia, abre un fino cuestionamiento sobre la autoridad presidencial que intentaba imponerlo. Hubo críticas, incluso, de gobernadores aliados.
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El Gobierno va a negar eso y sostendrá que en realidad nunca pensó en un estado de sitio o toque de queda.
LEÉ TAMBIÉN: Cafiero confirmó las restricciones pero aclaró: "Las medidas las tienen que tomar los gobernadores"
Alberto sabe que después de la larga noche de la dictadura y de la crisis de diciembre de 2001, la sociedad argentina no acepta ni siquiera escuchar hablar de un estado de sitio ni toque de queda.
Tampoco acepta darle potestad a la policía y a las fuerzas de seguridad para limitar o demorar en las calles a quienes incumplan cualquier prohibición de circulación.
En la Constitución Nacional no está contemplado el toque de queda como figura en particular, pero sí el estado de sitio. En el artículo 23, establece que ante casos de ataque externo o de conmoción interior, el Poder Ejecutivo Nacional tiene la potestad de suspender todos los derechos individuales y los ciudadanos pueden quedar a disposición del Poder Ejecutivo.
Se refiere a la prohibición o restricción establecida por instituciones gubernamentales de circular libremente por las calles de una ciudad o permanecer en lugares públicos; los habitantes únicamente pueden estar en sus hogares salvo excepciones de necesidad o urgencia.
Aunque la oposición intentó apropiarse de la defensa de los derechos plenos de libre circulación ciudadana, los cuestionamientos emanaron desde el centro mismo de una sociedad argentina que aprendió después de 38 años de democracia ininterrumpida.
LEÉ TAMBIÉN: La oposición criticó las nuevas medidas impuestas por el gobierno para limitar la circulación
El estado de sitio incluye la aplicación del toque de queda, pero debe ser convalidado por el Senado nacional, excepto que esté de receso, situación en la cual puede ser dispuesto por decreto de necesidad y urgencia (DNU).
LEÉ TAMBIÉN: ¿Qué dice el decreto que pide a gobernadores restringir la actividad nocturna?
El valor de la palabra y la autoridad
Ante el rechazo de tres de los gobernadores de provincias más grandes -Córdoba (Juan Schiaretti, del PJ), CABA (Horacio Rodríguez Larreta, PRO) y Mendoza (Suárez, de la UCR)- a las restricciones de circulación nocturna, Fernández en persona, tras largas reuniones con sus principales asesores en la Casa Rosada, decidió cambiar la estrategia para evitar quedar aislado y cuestionado como un presidente autoritario.
Así, lo que iba a ser una orden de cerrar la noche en todo el país en el marco de un toque de queda sanitario, se terminó transformando en una tibia “recomendación” a los gobiernos locales de aplicar esas medidas en caso de desborde sanitario por el Covid-19.
Pero esa recomendación también incluye una dura advertencia a la responsabilidad política de los gobernadores que decidan no aplicarla.
En el círculo más cercano al Presidente advirtieron que “pondrán la lupa” en el seguimiento de contagios en cada provincia y municipio.
"Al que se le dispare la ola de contagios, arriesgándose a un desborde del sistema sanitario, se le reclamará la responsabilidad de la pandemia", dijeron fuentes de la Rosada a A24.com.
La pelea política que se viene con la delegación de la Casa Rosada a cada provincia por la responsabilidad de contener la pandemia forma parte de ese discurso de consenso que sigue ensayando Alberto Fernández como un estilo presidencial.
Lejos de considerarlo un fracaso, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se mostró como coordinador de un gobierno que tiene la virtud política de escuchar y buscar consensos, al anunciar el decreto simple que establece los parámetros que deberán tener en cuenta en cada distrito para decidir el toque sanitario nocturno.
LEÉ TAMBIÉN: Alberto, gobernadores e intendentes: el dilema por el costo político y económico de volver a decretar una cuarentena
“No voy a tomar ninguna medida sin el consenso de los gobernadores”, había dicho el presidente horas antes de firmar el decreto simple que legalmente funciona como una “recomendación”.
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La amenaza de cámaras empresariales de espectáculos, restaurantes y bares y empresas de turismo de iniciar causas judiciales terminaron por hacer retroceder al Gobierno, preocupado por cómo reconstruir la autoridad de la palabra presidencial.
En la Casa Rosada admiten que hay una rebeldía ciudadana que ni siquiera acata ya los “pedidos de responsabilidad social y concientización” de cuidar a los adultos mayores.
El volantazo ahora pasará por apelar a la solidaridad de los jóvenes para que sigan usando barbijo y mantengan distancia de 2 metros, sin aglomeraciones, y dejar atrás la posibilidad de ordenar la represión por la fuerza de las fiestas clandestinas.
La aplicación del Código Penal por propagar una pandemia quedará en manos de los fiscales de turno, que podrían ordenar o no multas o detenciones.
A eso apunta una ola de spots publicitarios de Presidencia y los operativos policiales de gobiernos provinciales, para profundizar los controles de los protocolos y “cuidados”.
La rebelión en la granja no es contra la autoridad, sino contra la limitación a los derechos individuales de libre circulación consagrados en la Constitución Nacional.
El problema es que las propias autoridades no actuaron con el ejemplo en el momento en que pasó el peor pico de la pandemia.
Desde el funeral de Diego Maradona, pasando por las marchas verdes y celestes a favor y en contra de la legalización del aborto, las protestas sociales por la pobreza y la crisis económica, hasta las fiestas clandestinas de jóvenes, las reuniones familiares de Navidad y Año Nuevo y la aglomeración en plazas y playas, quedó claro que la sociedad argentina está lejos de la madurez y evolución de concientización que impone el avance del coronavirus.
El dilema de todos los gobiernos -en eso coinciden oficialistas y opositores-, es cómo compatibilizar la democracia con la necesidad de controlar la pandemia y evitar el colapso inminente del sistema sanitario.
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