El Gobierno de Tierra del Fuego respalda la legalidad de un importante acto administrativo luego de conocerse el fallo emitido por el Juez de Instrucción Sergio Pepe, registrado el 14 de febrero en la causa por la presunta alteración del Decreto Provincial 1654 del año pasado. En este fallo, encuadrado en la figura de falsedad ideológica del Código Penal, se determinó que no existió delito penal ni incumplimiento de deberes por parte de los funcionarios.

En una exposición oficial, Emiliano Fossatto, Secretario Legal y Técnico de la provincia, detalló que la denuncia se fundamentaba en supuestas irregularidades relacionadas con la consignación de una fecha errónea en el decreto, además de señalar que la rúbrica se realizó de manera atípica por parte del Ministerio de Obras Públicas.

El funcionario explicó que la sentencia se apoyó en dos líneas de prueba: el testimonio del personal de despacho involucrado y una pericia informática realizada sobre computadoras que en su momento fueron secuestradas. Según Fossatto, ambas evidencias permitieron constatar que el acto administrativo se emitió de acuerdo con las normas vigentes, sin que se produjera falsedad en el registro.

Asimismo, el Secretario subrayó la predisposición del Gobierno y de la Administración para facilitar el acceso a la información, lo cual respalda la transparencia y veracidad de los actos públicos. En ese sentido, destacó que el Gobierno ostenta la plena validez de este acto administrativo mientras se aguarda la resolución de otra causa en trámite ante el Superior Tribunal de Justicia.

Fossatto también puntualizó que el Gobierno no recibió notificación de apelación contra la sentencia, y al haber caducado los plazos legales para recurrir, se considera que el fallo ha quedado firme. Esta determinación abre la posibilidad de que se evalúen nuevas acciones en relación con la denuncia presentada contra funcionarios públicos, especialmente en lo que concierne a la verificación de la fecha oficial del acto.

Por último, se informó que se espera la resolución del Superior Tribunal de Justicia, que indagará sobre la validez del acto administrativo que en su momento convocó a elecciones. El análisis de esta investigación permitirá definir los pasos a seguir y las posibles medidas que el Estado implementará, considerando también las erogaciones que implica llevar adelante dichas pesquisas.

En conclusión, el comunicado de Emiliano Fossatto reafirma el compromiso del Gobierno de Tierra del Fuego con la legalidad y la transparencia, garantizando que sus actos públicos se han realizado conforme a la normativa vigente y resaltando la importancia de la rendición de cuentas en la administración.