Una serie de funcionarios que fueron designados para ocupar cargos políticos por el gobierno anterior no quieren irse de los puestos gerenciales y directivos que ocupan en diferentes dependencias estatales y, en algunos casos, hasta piden doble indemnización para retirarse. De ese modo, estos funcionarios macristas perjudican y entorpecen el funcionamiento de las empresas y sus nuevas gestiones al no firmar documentos necesarios para avanzar con distintos proyectos y políticas, y tampoco permiten nuevos nombramientos. Algunos de los organismos que transitaron y transitan esta situación son Aerolíneas Argentinas, Pami, Anses, la empresa Trenes Argentinos Infraestructura (Adifse), Vialidad Nacional, entre otras.

Fuentes del Pami informaron que tienen en la empresa estatal más de 60 cargos políticos que según sus palabras “están tomando una postura anti ética y no quieren dejar sus cargos”. Según expresaron, dicha situación trae problemas a nivel presupuestario ya que “una gestión nueva ingresa con su equipo de trabajo y ellos no lo están permitiendo. En este caso estaríamos sosteniendo las plantas políticas de la gestión anterior”. En caso de brindar lo que piden dichos funcionarios que ocupan puestos políticos, el Pami debería gastar cerca de 183 millones de pesos en dobles indemnizaciones que, según expresaron desde la empresa, “es dinero que podría usarse para mejorar la calidad de las prestaciones de los jubilados y jubiladas”.

Otro aspecto a destacar es que el gobierno del que fueron parte estos funcionarios -que resisten para no abandonar sus cargos y piden doble indemnización- había vetado el 20 de mayo de 2016, mediante la firma del ex presidente Macri, la ley de Emergencia Ocupacional que fue sancionada por ambas cámaras legislativas y que pretendía prohibir los despidos por 180 días e implementar la doble indemnización. Es decir, reclaman una doble indemnización que ellos mismos vetaron siendo gobierno.

En Aerolíneas Argentinas ocurre algo similar. Apenas asumió la nueva gestión envió telegramas de despido a los 30 gerentes con cargos políticos, anunció que prescindían de sus servicios y les avisó que tenían sus haberes a disposición. Si bien cinco de ellos abrieron canales de negociación para acordar el monto indemnizatorio y lograron acuerdos de conciliación laboral, los restantes 25 se encuentran reclamando, muchos de ellos la doble indemnización y otros montos exorbitantes. Uno de esos casos es el del Gerente de Recursos Humanos, Juan Ignacio Uribe, que reclama a la empresa más de 400 millones de pesos, teniendo una antigüedad de aproximadamente dos años. Por otra parte, según un documento al que accedió Página/12, en Aerolíneas Argentinas gran parte de esos puestos gerenciales no fueron reemplazados porque la nueva gestión hizo una reducción de costos al achicar la estructura gerencial de la empresa. Por ejemplo, se disolvió el cargo de gerente general, las direcciones pasaron de ser, doce a fin de 2019, a nueve en la actualidad y las gerencias pasaron de 81 a 73. De ese modo, con la nueva estructura, la empresa logrará un ahorro anual de 97,76 millones de pesos que provendrán del ahorro en salarios gerenciales que ya no existen.

En el caso de Anses los funcionarios con cargo político designados por el gobierno anterior intentaron, mediante una resolución firmada por el anterior director de la empresa, Emilio Basavilbaso, pasar a planta permanente. Sin embargo, esa normativa fue derogada por el nuevo director, Alejandro Vanoli, y finalmente 35 de los 39 funcionarios fueron desafectados. Queda por resolver en dicha empresa qué sucederá con quienes conducen las Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión (UDAI).

En Vialidad Nacional sucede que muchos gerentes -que fueron incrementados en gran cantidad durante el último tiempo del gobierno de Cambiemos ya que las gerencias pasaron de tres a 88 y las subgerencias de 28 a 64 -, tampoco querían dejar sus puestos. Sin embargo el organismo se encuentra llevando adelante 21 desafectaciones de gerentes ejecutivos, comunes, subgerentes, asesores con rangos de gerente y la administradora. Algunos de ellos presentaron la renuncia y otros fueron directamente despedidos. Pero la mayoría también se encuentra reclamando la doble indemnización. Desde el organismo, además de enviar una carta documento a dichos funcionarios diciendo que la doble indemnización no les corresponde, también se encuentran reclamando a los funcionarios macristas que devuelvan los bienes pertenecientes a Vialidad como autos, teléfonos y notebooks porque no los entregan. En el caso de los autos, por ejemplo, también han encontrado cerca de 600 mil pesos de deuda en multas.

En cuanto a la empresa Adifse, de Trenes Argentinos, lograron resolver la desvinculación de sus gerentes. Una parte renunció y otra sigue formando parte de las empresas pero se desempeñan en cargos menores ya que hubo una reestructuración en el organigrama que consistió en un achicamiento de gerencias que ahora se convirtieron en departamentos con cargos de salarios menores. Como muchos de los gerentes eran ingenieros, conservaron el trabajo. Con otros realizaron acuerdos de despido pagando indemnización simple en seis cuotas y la semana que viene comenzarán a resolver caso por caso que sucede con las personas que ocupan las sub gerencias. En la empresa Trenes Argentinos Operaciones (Sofse) se redujeron las gerencias generales a cuatro y se logró la desvinculación  de 30 gerentes y subgerentes que pertenecían a la gestión anterior, algunos con despidos y otros con acuerdos.