La negociación está en marcha. Mauricio Macri la ve con agrado porque es otro recorte del gasto, que además aporta el rostro ético que quiere mostrar el Gobierno, ante el escándalo de la Argentina encuadernada. Se trata de convocar a la oposición del peronismo razonable a un pacto electoral que implique la reducción drástica de los gastos electorales, que el año pasado superaron los $6.000 millones, sólo para las legislativas nacionales. Ya hay conversaciones entre los boqueteros del máximo nivel del oficialismo y la oposición. Ese pacto puede incluir una unificación de fechas, para reducir gastos, y hasta una reforma de la ley de primarias para hacerlas voluntarias y eximir a los partidos que gastan plata para mostrar listas únicas. El año pasado el Gobierno y el kirchnerismo amagaron con derogarlas. Costaron en 2017 más de $2800 millones y pocos partidos disputaron candidaturas en serio. El tiempo apura porque el estado de debilidad del peronismo por las divisiones internas, y el desprestigio por los escándalos judiciales, lo pone a punto de caramelo para acordar cualquier pacto que lo muestre del lado de los buenos. Eso no va a durar mucho. Si se logra, puede ser un primer efecto renovador del sistema de financiamiento de la política, que ha estallado sin remedio por el cuadernazo, y que habrá que recrear de alguna manera, pero sobre otras bases legales, políticas y, claro, éticas.

? El cuadernazo es un camino de ida. Un buscapié que va a rebotar en las piernas de todos. Termine como termine, si termina, hay ya un resultado tangible: va a pasar mucho tiempo antes de que un político le pida dinero a un empresario para una campaña electoral. Más tiempo aún va a trascurrir antes de que un empresario se lo dé. La primera consecuencia de la saga que disparó el sargento Centeno es que estalló el sistema de financiamiento de la política, en particular el del peronismo, enganchado según el maratón de confesiones arrepentidas, al sistema de la coima de la obra pública. La insinceridad es parte del juego: la justificación de los abonos es, en boca de los aportantes, pagar las campañas electorales. Nadie lo cree en serio, porque esos dineros fueron en pasamanos a guaridas que nadie encontrará jamás. No a gastos electorales, que salen de aportes del Estado y —también de manera clandestina— de fondos reservados. Éstos son el fluido que alimenta las campañas del oficialismo, que suele esconder, en listados de aportantes falsos, el blanqueo de esos fondos oscuros. ¿Por qué argumentar que esas propinas eran para las campañas y no para enriquecer a funcionarios? Es obvio que los confesantes prefieren ser juzgados por el código electoral, que prevé penas más suaves para lo que se considera un pecado, que por el código penal, que te ejecuta por delitos.

Los partidos paralizados por falta de sistema

La cuestión del financiamiento de la política ha sido, en todo el mundo, el comienzo de las crisis políticas más graves de los sistemas (vgr. Italia, Brasil). La trama de los cuadernos, aunque disfrace los sobornos de aportes a campañas, hace implosionar la cadena de compromisos entre el dinero y los votos. Además de juzgar, condenar y resarcir por estos delitos, la Argentina va a tener que construir, desde la base, un nuevo sistema de financiamiento de la política. Si se le agregan los efectos de las investigaciones sobre las listas de aportantes presuntamente ficticias de Cambiemos en Buenos Aires, el colapso es total. En la semana que pasó, el cuerpo de auditores de la Cámara Nacional Electoral le indicó al juez de ese fuero de La Plata que rechace la rendición de cuentas de Cambiemos para las PASO del año pasado. Entre los reproches está el uso presunto, como aportantes, de nombres sacados de listados de beneficiarios de programas del Ministerio de Desarrollo Social y de la ANSeS. El activista Juan Grabois, que tiene a Carolina Stanley entre sus preferencias dentro del Gabinete nacional, ha dicho que hay decenas de militantes de su organización, la CTEP, que aparecen poniendo plata en la campaña del oficialismo. Este colapso del financiamiento ha paralizado a los aparatos del oficialismo y de la oposición, que tienen que arbitrar cambios de rutinas para pagar sus gastos en medio de una crisis política formidable y con la lupa de la sociedad sobre todos sus actos.

Apoderados al borde del ataque de pánico

Este drama ha desatado ya una negociación entre el oficialismo y la oposición para salir del laberinto. Los partidos tienen todos objetadas las cuentas de las campañas de 2015 y 2017. Sus apoderados están al borde del ataque de pánico, así como contadores y otros artesanos del fino arte de pagar la política, esa planta de flores claras, pero de raíces oscuras. La situación los amenaza con procesamientos, sanciones, inhabilitaciones. Los apoderados y habilitados para estos manejos, además, suelen ser hombres y mujeres de confianza extrema de los dirigentes, a veces familiares, muchas veces gente sin experiencia política que actúa en un terreno resbaladizo, en el cual la opacidad no protege mucho de la traición. Ese estado de ánimo ha disparado varios cursos de acción que se van a desplegar en la superficie en los próximos días. Uno de ellos, con cuna en el vértice del oficialismo, es esta reforma sumaria de las rutinas electorales para el año que viene, que recorte gastos de manera extrema y transmita, a una sociedad agobiada por el fixture de los arrepentimientos, un gesto de austeridad.

Macri sonríe porque es señal de bajar el gasto

¿Qué tal si el Gobierno les pide a los gobernadores un compromiso complementario al del presupuesto — que está casi cerrado, dicho sea de paso — que comprometa a todos los partidos y candidatos de todos los niveles para las elecciones de 2019 a una campaña sin los grandes gastos de otros años? Esto lo ha escuchado el propio Macri, que ha respondido, hasta ahora, con una sonrisa de ilusión, la misma que usa para festejar cada mandoble para recortar los gastos. ¿Qué tal si además se reduce la cantidad de elecciones, y se unifican las fechas en todos los distritos en donde es posible? El cronograma electoral de 2019 arranca este año, en diciembre de 2018, con las PASO provinciales de Catamarca. Se extenderá hasta el 24 de noviembre de 2019, fecha de un eventual ballotage. En el medio, una ensalada de fechas de distritos, que están obligados a despegar las locales de las nacionales, y de otros que las quieren desenganchar para potenciar el medro electoral, jugando a favor o en contra del efecto enganche que producen unas categorías sobre otras. Unificarlas reduce el gasto en todos los niveles. En 2017 el presupuesto las elecciones nacionales, que fueron sólo legislativas, fue de $6.175.543.193. Para el año que viene hay que decidir cuánto habrá que sumar para la categoría presidencial. Ni qué decir lo que puede terminar costando todo si se le agrega el gasto en las provincias para las locales de todos los niveles. Por encima de ese gasto que aporta el presupuesto está el que aportan los recaudadores, que esta vez van a caminar por el desierto, con una sardina, y sin agua. Difícil que alguien pida y que alguien dé. Un drama si se calcula que una campaña presidencial puede costar a los candidatos que llegan a las finales — un ballotage — algo así como US$100 millones.

Un mazazo a las PASO obligatorias

Claro que unificar las fechas es un problema porque hoy, entre los aliados de Cambiemos, hay una disputa sobre estrategias en cuanto al desdoblamiento. El grupo del acuerdo grande con el peronismo racional —la tira Monzó-Massot— quiere dar libertad de fecha para desenganchar elecciones locales de las nacionales, para que los gobernadores tengan su reelección más cómoda, a cambio de apoyar tácitamente una reelección de Macri. Éste no cree mucho en esas martingalas, y sabe que además puede resentir las relaciones con los radicales, que ven sus chances de ganar en algunas provincias, hoy en manos del peronismo. Pero hay más en el pergeño que se está discutiendo en el máximo secreto del Gobierno. ¿Vale la pena hacer primarias en partidos de lista única, que son la mayoría de los casos? ¿No sería bueno cambiar la ley de las PASO y dejarlas sólo para los partidos que necesiten del sistema para decidir posiciones internas? Hace justo un año el propio Macri y Marcos Peña echaron a rodar una iniciativa para eliminar directamente este sistema, creado por el matrimonio Kirchner, por caro e inútil. “Como gobierno vemos con preocupación la necesidad de discutir sobre el rol de las PASO—dijo Peña en julio de 2017—. Este experimento único en el planeta tiene enormes problemas, y extiende mucho más la discusión electoral. Es algo que se está analizando, no hay una definición. No sirvió para definir ninguna candidatura importante y va a costar unos $2.800 millones, un dinero que se podría destinar a resolver otros problemas”. Cristina se sumó con una autocrítica al sistema.