El ciclo lectivo 2024 en las escuelas públicas de Tierra del Fuego arrojó cifras alarmantes. A pesar de que se programaron 180 días de clase, en la práctica, la mayoría de los estudiantes solo tuvo entre 60 y 80 días efectivos de clases. En algunos establecimientos de Ushuaia y Río Grande, esta cifra se redujo aún más, llegando a un promedio de apenas 30 a 40 días completos.

Aunque en muchas ocasiones los alumnos permanecieron dentro de las escuelas, esto no garantizó el dictado de clases. La implementación de la modalidad conocida como “desobligación”, promovida por el gremio docente estatal Sutef, permitió que los docentes asistieran a los establecimientos sin cumplir con sus funciones habituales de enseñanza. Esto derivó en jornadas escolares donde los estudiantes ingresaban a las aulas sin la presencia activa de un educador.

El impacto de estas interrupciones ha sido devastador. Según un informe de Unicef, las interrupciones prolongadas en la educación presencial agravan las desigualdades y perjudican especialmente a los niños en situación de vulnerabilidad. Más allá de la pérdida de conocimientos académicos, también se reporta un aumento en problemas de bienestar, seguridad y salud emocional entre los estudiantes.

Expertos en educación destacan que el rol de la escuela va más allá de la transmisión de contenidos. “La ausencia de la escuela también implica la falta de un espacio de contención y desarrollo integral. Es en la escuela donde los niños adquieren habilidades sociales, igualdad de oportunidades y experiencias esenciales para su formación”, subrayaron.

La falta de continuidad en la educación primaria también tiene repercusiones graves en los niveles superiores. Docentes de escuelas secundarias informaron que reciben estudiantes con serias deficiencias en áreas básicas como la comprensión de textos, resolución de problemas matemáticos sencillos y manejo de conceptos fundamentales de nivel primario. Además, se han observado dificultades significativas en la convivencia y en el cumplimiento de normas de conducta.

Ante este panorama, es urgente que las autoridades educativas y gremiales aborden la situación con seriedad y compromiso. Priorizar la educación como un pilar fundamental para el desarrollo social y económico de las generaciones futuras debe ser una tarea impostergable. Las comunidades educativas exigen soluciones concretas para garantizar el derecho a una educación de calidad, indispensable para el crecimiento de los niños y jóvenes de la provincia.