La legisladora del bloque fueguino de La Libertad Avanza, Natalia Graciania, describió en detalle la situación de hacinamiento en las unidades penitenciarias de Río Grande y Ushuaia, señalando las graves deficiencias en la infraestructura y la necesidad urgente de soluciones.

En relación a las condiciones de los detenidos en estas ciudades, Graciania indicó: “Además de comentarme la situación real, yo pude recorrer ambos lugares, tanto en Río Grande como en Ushuaia. En Ushuaia también recorrí los anexos, donde la situación es un poquito menos compleja, pero siguen faltando ventilación y condiciones de habitabilidad. En la Alcaidía 1, en particular, pude ver con mis propios ojos la situación del pabellón más poblado, donde actualmente hay 25 personas durmiendo en el piso. Esta superpoblación genera dificultades para el control del personal del Servicio Penitenciario y podría ser un problema mayor en caso de un motín o cualquier procedimiento de emergencia”.

Graciania destacó que, aunque los detenidos en dicho pabellón mantienen una buena convivencia, la situación es insostenible. “No podemos seguir con este nivel de hacinamiento extremo. Por eso estamos interesados en habilitar cuanto antes dos nuevos espacios: la gamela de deportes aquí en Río Grande y un edificio en la calle Goleta Florencia en Ushuaia. Esto traería soluciones para descomprimir la situación, mejorar las condiciones de seguridad y optimizar la logística del Servicio Penitenciario, como por ejemplo, no tener que usar los pocos móviles para trasladar la comida desde la Alcaidía Central a los anexos”, explicó.

Sin embargo, dejó en claro que estas soluciones son solo temporales: “Esto no resuelve el problema de fondo. Los juicios, especialmente aquellos relacionados con la integridad sexual, siguen resultando en condenas y detenciones inmediatas, lo que agrava aún más la sobrepoblación. Los edificios actuales están al doble de su capacidad y necesitamos soluciones estructurales”.

Cuando se le preguntó sobre el traslado de detenidos entre Ushuaia y Río Grande, informó que el plan es trasladar a 21 personas a Río Grande, siempre que no tengan familiares en Ushuaia para evitar complicaciones logísticas. “Estamos buscando soluciones creativas para distribuir a la población carcelaria de manera digna, respetando los derechos humanos y las obligaciones del estado provincial”.

La legisladora también criticó la falta de planificación a largo plazo por parte del Ejecutivo provincial: “Esta situación no es nueva. Hace tiempo que se discute en la legislatura, pero nunca se tomaron decisiones políticas concretas. Incluso hubo fondos para construir una cárcel en Ushuaia, pero no se hizo. El gobierno actual, que lleva cinco años en el poder, no ha dado respuestas estructurales a problemas que ya se veían venir”.

Graciania señaló la importancia de encontrar una solución de fondo y no seguir actuando en emergencia constante: “Es nuestra preocupación, y vemos con buenos ojos la posibilidad de una iniciativa público-privada para la construcción de una nueva unidad carcelaria. Obviamente, la seguridad debe quedar en manos del estado, pero se podrían tercerizar algunos servicios como la comida o la limpieza. Lo que no podemos seguir haciendo es brindar soluciones temporales mientras el problema de fondo sigue sin resolverse”.

Finalmente, al ser consultada sobre la responsabilidad del legislativo en esta situación, defendió el trabajo realizado: “La problemática no está en el legislativo, sino en el Ejecutivo, que es el que debe ejecutar las políticas públicas. Quiero destacar el trabajo del legislador Pablo Villegas, quien ha presentado propuestas para soluciones estructurales. Sin embargo, hasta ahora no hemos visto una iniciativa del Ejecutivo que traiga una solución real a esta crisis”.