La comunidad de Tierra del Fuego es instada a asumir mayores responsabilidades en la prevención de incendios forestales. Ayer, los legisladores sancionaron la Ley de Prevención de Incendios Forestales y Rurales en el Territorio de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La iniciativa fue celebrada, aunque también se subrayó la importancia de la participación ciudadana para evitar futuras catástrofes.

Se recordó que, a partir de causas humanas, se quemaron 6,500 hectáreas de bosques nativos, un desastre que tardará cientos de años en recuperarse. Este evento, que ocurrió en el corazón de la isla en 2022, duró meses y dejó una huella significativa en el medio ambiente.

En la sesión, se precisó que se emitirán nuevas excepciones en determinados lugares que han sido evaluados por la autoridad de aplicación. Por ejemplo, se propone permitir la realización de fuego en áreas específicas como la zona de puente Justicia, donde se encuentra un destacamento de Defensa Civil. Las familias tendrán derecho a usar ciertos espacios recreativos bajo condiciones de seguridad adecuadas, y el Gobierno autorizará estos lugares para la nueva temporada, según lo expresado por la Ministra de Ambiente y Producción.

La nueva legislación también prohíbe hacer fuego con fines recreativos, sociales o productivos en lugares agrestes de la provincia, salvo en aquellos habilitados por la autoridad de aplicación. Las personas que detecten un foco ígneo deben denunciarlo inmediatamente a la autoridad más cercana.

Además, se promoverá el uso de calentadores portátiles homologados en lugares agrestes para actividades recreativas y sociales. La ley enfatiza la importancia de la concientización, por lo que se llevarán a cabo campañas anuales de información y sensibilización para prevenir incendios, utilizando medios públicos, redes sociales y trabajo territorial.

Finalmente, se creará el Comité de Incendios Forestales, presidido por la autoridad de aplicación e integrado por la Dirección de Defensa Civil Provincial y la Policía Provincial, con invitaciones a los municipios de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin, y a los Bomberos Voluntarios. La autoridad de aplicación podrá convocar a otros organismos cuando sea necesario.