El legislador del Frente de Todos  Ricardo Furlan busca impulsar un proyecto de ley el cual propone la puesta en marcha de un tribunal de conducta que intervenga en la investigación de toda denuncia que se realice contra personal de la Policía provincial y del Servicio Penitenciario.

Conforme a la iniciativa, el Tribunal estará integrado por 3 miembros titulares y 1 suplente por cada titular, con la siguiente conformación:

-un representante del Poder Ejecutivo

-un Legislador provincial,

-un representante de la Fiscalía de Estado.

Los representantes del Poder Ejecutivo serán designados por la Secretaría de Estado de Seguridad; los legisladores por la Cámara y los representantes de la Fiscalía por el Fiscal de Estado.

También , el proyecto establece que los miembros del Tribunal tendrán un mandato de 2 años, aunque no recibirán ni sueldo ni honorarios adicionales por su función.

Según lo propuesto, este Tribunal de Conducta tendrá, entre sus objetivos, intervenir en la investigación de toda denuncia efectuada a personal con estado policial cualquiera fuera el rango; entender en el control interno de la prestación regular de los servicios policiales y penitenciarios; observar, prevenir y sancionar las conductas que atenten la moral y las buenas costumbres, así como todo hecho ilícito, del cuerpo policial y penitenciario.

Asimismo, el tribunal deberá fomentar \"la debida disciplina y sujeción a las leyes y reglamentos por parte de los cuadros policiales y penitenciarios, procurando a su vez estimular, el accionar eficiente y conforme a la ley\".

División de Asuntos Internos

El proyecto del legislador Furlan propone además la creación de la División de Asuntos Internos que funcionará dentro de la estructura del Tribunal de Conducta policial y del servicio penitenciario, quedando a cargo de un director que será designado por el Gobierno, y que deberá ser ocupado por un abogado, con un mínimo de 4 años en el ejercicio de la profesión.

La División de Asuntos Internos deberá \"investigar y actuar de oficio ante delitos, contravenciones y faltas administrativas graves cometidas por personal policial y penitenciario, efectuando las operaciones necesarias para asegurar la prueba y determinar sus autores y partícipes; denunciar las irregularidades que compruebe en el funcionamiento de los servicios; instruir los sumarios administrativos, investigaciones administrativas, informaciones de urgencia, y recibir y diligenciar toda denuncia escrita por el interesado, cuyo contenido sea fundado y ajustado a derecho; requerir de las unidades y reparticiones de la Administración Pública provincial, las informaciones y datos necesarios, los que tendrán carácter de prioritario y urgente, para el esclarecimiento de las investigaciones que lleve a cabo; realizar tareas de prevención contra la corrupción, tratos crueles e inhumanos, acoso policial, apremios ilegales, y todas violaciones de los derechos, mediante acciones de control, educativas e informativas\".