El apoderado de la FUNDATEC, Alberto Cabral, integrante de la asociación de colegios públicos de gestión privada, expuso una nueva “discriminación” del gobierno fueguino, con la liquidación del mes de agosto los primeros días de septiembre, dado que no se vio reflejado el pago que se le hizo a los docentes estatales de una suma de dos mil pesos, con el fin de paliar los gastos ocasionados por el dictado de clases con la modalidad virtual.

Por Radio Universidad 93.5, expuso que no pensaban “volver a plantear esta cuestión en forma pública, porque creíamos desde la asociación que teníamos avances, que íbamos camino a un entendimiento, para lograr que se cumpla con lo que comprometió la ministra Cubino, como responsable de la cartera de educación; pero estamos finalizando el mes de septiembre y hay una serie de incumplimientos que ya deberían estar resueltos. Hay una clara discriminación y llevamos todo este año debatiendo este tema. Es inentendible por qué los funcionarios el gobierno hacen esto de discriminar a las instituciones gestión privada, que pertenecen a un mismo sistema educativo. La ley 749 es muy clara respecto del tratamiento que deben tener las instituciones. Pero parece que en forma deliberada buscan no cumplir con la ley, discriminar al sector y ponerlo en un plano de absoluta desigualdad”, criticó.

“Yo me hago cargo de la palabra discriminación y es lo que piensan los colegas de los establecimientos, porque es la realidad. Recientemente la ministra de Educación salió por los medios a explicar que se le iba a asignar a los docentes un monto de dos mil pesos por cargo, destinado a cubrir los gastos que han tenido en la continuidad pedagógica con la modalidad virtual. Salió el decreto y quienes intervinieron fueron muy detallistas en los considerandos, para llegar a una resolución en la que incluyen a los docentes solamente del sector estatal. De manera muy clara está la discriminación porque excluyeron a los docentes dependientes de las instituciones de gestión privada. Después somos nosotros los que tenemos que dar respuesta a los docentes que nos consultan por qué no están incluidos”, planteó.

“La ley 749 en ningún lado dice que deben ser excluidos de estas asignaciones. Para dictar estos decretos debieran mirar la ley a fin de no incumplirla con esto instrumentos que ponen en práctica”, recomendó.

Aseguró que “estos dos mil pesos fueron cancelados a principios de septiembre, a los pocos días de pagar el sueldo correspondiente a agosto. La aplicación de la grilla salarial actualizada comenzó a ponerse en práctica a partir de julio y correspondía desde marzo. Comenzaron a pagarse los retroactivos que estaban pendientes desde marzo hasta julio, con el sueldo de agosto. A los docentes estatales le pagaron los retroactivos de marzo de la nueva grilla salarial vigente, con el sueldo de agosto que se liquidó los primeros días de septiembre. Las instituciones de gestión privada, a la fecha no hemos recibido el aporte financiero estatal para el pago de los retroactivos, y corresponde que lo paguemos también a los docentes”, dijo, y sostuvo que con esto “es visible y clara la discriminación al sector, como también la manera en que están incumpliendo la ley”.

Esperaban ayer una reunión con los funcionarios del Ministerio de Educación para tratar estas cuestiones pendientes, que no se concretó. “Presentamos una nota de reclamo y todo el tiempo venimos haciendo presentaciones, pero las cosas siguen con un letargo, con compromisos que luego no se concretan. Eso afecta de manera muy fuerte al sector y viene de forma continua”, aseguró.

“Acá hay una decisión política porque no puede ser que la Ministra se comprometa a llevar acciones que no concreta. Con el tema de las deudas con el sector, la mayor parte de los 18 millones, sin contar los colegios confesionales que no están dentro de la asociación, la ministra debiera establecer con el Ministerio de Finanzas los lineamientos para que se cumpla. No puede ser que todavía tengamos pendiente esa deuda cuando desde las instituciones se cumplió con lo que establece la ley”, subrayó.

“Esas diferencias son importantes para que las instituciones puedan llevar adelante el servicio educativo y parece que hay cosas que no tienen prioridad, como el pago del retroactivo de marzo que se debió pagar en septiembre. Evidentemente prioridad de pago no hubo, porque se pagó al sector estatal y el mismo día se debería haber transferido a los privados”, reiteró.

“Son todas acciones que van perjudicando al sector. Si esto no es deliberado, queremos que den las explicaciones del caso, porque en los hechos así es como se ve. Además de los incumplimientos de parte del Estado las instituciones nos vemos afectadas por la morosidad en el pago de las cuotas”, apuntó.

Consultado acerca de si están alcanzados por los ATP para pagar sueldos de los docentes, dijo que no: “Lo que es nacional es muy poco el alcance que tiene, porque sólo aplica a algunas instituciones y al personal no docente, que es la dotación menor. No llega a los docentes, que son la mayoría, porque reciben el aporte financiero del Estado provincial y eso los excluye. Así que la planta docente no está alcanzada por el ATP”, explicó.

Respecto de las presentaciones judiciales que hicieron al comienzo del año, indicó que “cuando se hicieron las presentaciones empezó la pandemia y tampoco todo debe resolverse en la justicia, aunque la justicia siempre ha puesto las cosas en el lugar que corresponden”.

Cabral equiparó lo que están viviendo en la gestión Melella con los padecimientos en la gestión de Fabiana Ríos. “No esperábamos que el gobierno actual tuviera una acción como la que han llevado adelante sus funcionarios, que han sido adversas al sector. La gestión de Ríos fue sumamente adversa y estamos de nuevo en ese momento, pero no es lo que debiera ser ni lo que deseamos”, expresó.

“Queremos que la ministra Cubino tenga presente al sector, como debe ser, no sólo de palabras en alguna reunión, porque en las acciones parece que se olvida. Eso nos daría la previsibilidad que necesitamos para asegurar la prestación del servicio. Siempre se pide paciencia, pero demasiado pacientes somos. Estamos a fines de septiembre y seguimos a fojas cero. Todos creíamos que habíamos llegado a un entendimiento, pero volvemos a fojas cero y uno puede pensar que realmente quieren hacer esto y en forma deliberada quieren afectar al sector”, expuso.

Recordó que en el sector de gestión privada hay “alrededor de 10 mil alumnos y 2 mil docentes. Un porcentaje importante de los docentes del sector privado también están en el público”.