Una inmobiliaria de Río Grande dio marcha atrás sobre el proyecto de ley nacional que vuelve a estar en debate en la Cámara de Senadores. También intercede para un claro entendimiento entre las partes, locador y locatario, en época de cuarentena.

 Noemi García trabaja en Soluciones Inmobiliarias y analizó puntos importantes del proyecto que se debate en el Congreso Nacional. Por otra parte, anticipó que “seguramente” el pliego podrá ser convertido en Ley tras la polémica en la votación del jueves.

La nueva norma establece contratos más largos y amplia las opciones de garantía para los inquilinos. “Con ello se asegura el importe que se pagará”; puntualizó.

García explicó que plantea un promedio entre el índice del precio del consumidor (o sea la inflación) y el salario, a mi entender, a los inquilinos no les favorece, por ejemplo, en Rio Grande es, alrededor de 12, 5 % semestral mientras que anual es de un 25%. Cuando se hace la cuenta se va más arriba entonces seguramente será más elevado el ajuste. La ventaja es que se tomara en cuenta el índice del salario”.

Otro punto es importante es que todos los contratos deben estar declarados por el locador quien deberá informar cada tres meses de anticipación si se renueva o no un contrato como de sus condiciones, en teoría para contrarrestar los alquileres de dueño directo y sin control ya sea en papeles como estado de la vivienda. “Esto es una medida que obliga a blanquear a los propietarios. También en la garantía propietaria, viene el seguro de caución es lo mejor seguro que hay, un aval bancario y el recibo de sueldo que es algo que siempre se ha solicitado”.

El locatario no tiene a su cargo el pago de impuestos que graven a la propiedad -como el ABL y ARBA- ni el pago de expensas comunes extraordinarias. “Las expensas extraordinarias a cargo del locador, las ordinarias el locatario. Puede haber arreglos edilicios que nada tiene que ver con el uso del locatario, desde la inmobiliaria respetamos eso. Lo que modifica es que ABL sea a cargo del propietario, porque no es un impuesto, es un servicio a la vivienda”.

 “Hay cada vez menos gente que quiere invertir en comprar propiedades porque la rentabilidad actualmente es bajísima y en los últimos dos años la tasa de rentabilidad bruta fue de 1,4 %. Si alguien quiere poner un negocio inmobiliario con esta rentabilidad no se podrá ganar. Además, van a faltar viviendas para ofrecer. Con la pérdida del poder adquisitivo el sueño de la casa propia es más lejano” Especificó.

“Esto no es propietarios versus inquilinos, es la inestabilidad económica y la ineficacia del Estado, lo que resume que el inquilino no pueda pagar un crédito y obtener su casa, y el que tiene una inversión no lo podrá hacer con la baja rentabilidad”. aseguró García.

Teniendo en cuenta que está en vigencia el DNU presidencial que no permite avanzar en desalojos por falta de pagos o aumentos excesivos de contratos de alquiler por la crisis social y económica que trajo el COVID-19, desde su lugar, García explicó que “en la ciudad de Río Grande no hay desalojos. Creo que en esta cuarentena debemos tener solidaridad y empatía con la gente que no pueda pagar, entonces que pague lo que pueda por la situación complicada. Y a los inquilinos que pueden obtener un sueldo, les pido que se pongan en el otro lugar porque mucha gente vive de sus alquileres. Esto tiene que ser algo mutuo, no somos enemigos, debemos trabajar en conjunto y equipo” concluyó.