El Ejecutivo nacional trabaja en el diseño de un nuevo sistema de subsidios a la energía que entrará en vigencia antes de fin de año. La iniciativa, en línea con el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), busca reemplazar la segmentación actual por una asistencia directa y exclusiva para los sectores más vulnerables, dejando afuera a gran parte de los usuarios de ingresos medios.

La Secretaría de Energía, encabezada por María Tettamanti, será la encargada de implementar el nuevo modelo, que apunta a reducir de manera gradual el gasto público y desregular el mercado energético. Según las estimaciones del FMI, los subsidios energéticos caerían del 1,1% del PBI en 2024 al 0,5% en 2025, aunque aún no se ha fijado un calendario exacto para ese ajuste.

Desde la asunción de Javier Milei, las tarifas de electricidad y gas han experimentado aumentos del 264% y 622% respectivamente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), particularmente para usuarios sin subsidios. Estos incrementos se enmarcan en el fuerte ajuste fiscal impulsado por la administración, que ya recortó más de USD 3.000 millones en este rubro.

Actualmente, seis de cada diez hogares acceden a subsidios mediante el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). El sistema vigente los clasifica en tres niveles según el ingreso: alto (Nivel 1), medio (Nivel 3) y bajo (Nivel 2). Sin embargo, el nuevo esquema propone eliminar esa clasificación y volver a un modelo binario, similar al de la “tarifa social” de la era Macri: se subsidia o no, sin segmentos intermedios.

En ese contexto, el Gobierno reconoció la dificultad de identificar con precisión a los beneficiarios debido a limitaciones en el cruce de datos y la informalidad en muchos hogares, lo que podría dejar fuera del beneficio a familias en situación vulnerable sin acreditación formal.

Por otra parte, el Ejecutivo también avanza con una reforma estructural del sistema eléctrico. A través de la Resolución 21/2025, se habilitó a las empresas a pactar contratos de compraventa de energía sin intermediación estatal, rompiendo con el esquema que durante dos décadas tuvo como actor central a CAMMESA, encargada de comprar la energía a las generadoras y vendérsela a las distribuidoras.

La eliminación progresiva de la intervención de CAMMESA busca revitalizar un mercado mayorista con competencia directa entre generadores y distribuidores, tal como operaba en la década del 90. Para que este modelo funcione, las tarifas deberán reflejar el costo real de generación, transporte y distribución.

En paralelo, se está concluyendo la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), que establecerá un sendero de inversiones y aumentos tarifarios para empresas distribuidoras y transportistas. El esquema incluirá actualizaciones mensuales y subas en términos reales, que se aplicarán en tres tramos.

Además, CAMMESA logró cancelar una deuda de USD 1.000 millones con las generadoras mediante la entrega de bonos en dólares (AE38), y prepara un plan de pagos para regularizar otros USD 1.300 millones adeudados por las distribuidoras, incentivando a las compañías que estén al día en sus pagos.

Con este paquete de reformas, el Gobierno busca consolidar un mercado energético más eficiente, competitivo y financieramente sostenible, aunque el impacto en los usuarios —especialmente de clase media— podría implicar un aumento significativo en sus boletas mensuales.