Al anunciar públicamente que se pondrá en marcha la App “TDF Unida”, la ministra de Gobierno de la Provincia, Adriana Chaperón, explicó que cada ciudadano va a tener que bajar la aplicación a su teléfono celular y registrarse para obtener permisos de circulación de acuerdo a su actividad, limitándose, por ejemplo, a tres horas, el tiempo máximo para realizar las compras de alimentos y medicamentos. Sin embargo, las dudas en torno a su alcance se mantienen, sobre todo a lo vinculado con la cantidad de datos privados a los que podrá acceder la aplicación.

Según explicó la ministra de Gobierno fueguina, Adriana Chaperón, los vecinos deberán descargarse una aplicación en sus teléfonos y cargar sus datos. \"Con ello se encenderá un código QR en color verde que significa habilitado para salir y comenzará a correr el tiempo para realizar la compra\", detalló. \"La policía escaneará el código en cada control. Si el horario se cumple, el código se pondrá rojo y la persona quedará inhabilitada para circular\", agregó.

Por su parte, el gobernador Gustavo Melella precisó en declaraciones oficiales que el mecanismo “no será obligatorio”, aunque no explicó cuándo entrará en vigencia formal el funcionamiento, encontrándose al momento disponible para su descarga en la plataforma “Google Play”.

El anuncio provocó una fuerte controversia debido a que el sistema tendría acceso total a la información del teléfono, como el acceso al contenido multimedia, los archivos del dispositivo, la geolocalización y la administración de llamadas telefónicas.

Mientras tanto, el tema generó el rechazo del Colegio de Abogados de Río Grande, que en un comunicado advirtió sobre la “inconstitucionalidad de la App de control de geoposicionamiento de las personas”. Señaló además que en caso de hacerse efectiva su aplicación, “se encargará de la defensa de los derechos ciudadanos, iniciando las acciones judiciales pertinentes”.

En esta misma línea el Colegio de Abogados de Ushuaia solicitó al Gobierno provincial que “no ponga en funcionamiento este tipo de medidas ni ninguna otra que agrave las restricciones de derecho de nuestro pueblo”.  Indicaron que “mantienen activo y en alerta, su cometido esencial de resguardo y respeto de los derechos constitucionales, a la vida, a la libertad y a la intimidad de todos los habitantes de la Nación”.

En tanto los concejales de Ushuaia pertenecientes a distintos bloques, Juan Carlos Pino, Ricardo Garramuño, Javier Branca, Gabriel De La Vega, Mariana Oviedo y Laura Ávila, presentaron un proyecto de ordenanza que propone la “prohibición de aplicaciones móviles en el ámbito de la ciudad, de carácter obligatorio o compulsivo, que limiten, restrinjan o cercenen los derechos y garantías reconocidos por la ley y la Constitución, como la transferencia de datos personales, de geolocalización y de cualquier otra índole de las personas”. Por lo tanto, llamaron a una sesión especial el próximo 28 de abril para tratar el tema, “ante una situación excepcional, como lo es la pandemia del Covid–19, se requieren iniciativas excepcionales pero que no pueden ir en desmedro de los derechos, las libertades y las garantías de los ciudadanos y ciudadanas”.