El Dr. Andrés Álvarez y la enfermera Graciela Flamenco abordaron un caso que ha generado gran controversia. La situación comenzó con una denuncia de abuso de autoridad que, según Álvarez, "es como denunciar una situación considerada injusta, incluso hasta podría ser considerada como una estafa al erario público". Sin embargo, las consecuencias inmediatas han recaído sobre la denunciante, Graciela Flamenco, quien ha perdido su empleo en el ámbito estatal.

Cabe recordar que Flamenco se desempañaba como personal civil en la Unidad Penitenciaría de Río Grande, brindó declaraciones y relató la situación que está atravesando luego de que fuera desplazada de su puesto laboral tras denunciar serias irregularidades en el manejo de los fondos de una polémica “caja chica” que tiene como principal protagonista al oficial Elvio Montenegro, quien ya fue denunciado ante una justicia que todavía no dio ningún tipo de respuesta concreta.

El Dr. Álvarez explicó que Flamenco, al enfrentar serias consecuencias como la pérdida de su trabajo y presiones laborales, acudió al estudio en marzo, “expresando la angustiante situación por la que estaba atravesando y sigue atravesando”. El abogado detalló que la denuncia inicial fue realizada en junio, “por abuso de autoridad y falta de los haberes de funcionario público”. Pese a las pruebas aportadas, la jueza Cataldo ordenó archivar las actuaciones tras determinar que no había motivos de investigación, decisión que fue apelada.

El abogado destacó que la denuncia implicaba “abuso de autoridad, la falta de los haberes de funcionario público”. A pesar del fallo de la Cámara de Apelaciones que ordenó investigar, Álvarez indicó que aún no se ha recibido una respuesta fehaciente del juzgado. “La señora está indefensa”, señaló, y agregó que la ley de protección del testigo no se está aplicando adecuadamente. Enfatizó que el director del servicio penitenciario, responsable de ordenar la suspensión de haberes, “sin motivo justificado, sin causa justificada”, debería ser investigado.

Por su parte, Graciela Flamenco describió su situación actual como “bastante compleja”, manifestando sentirse “en una situación en la que sinceramente, no sé a quién recurrir”. Flamenco relató que desde febrero, su salario ha sido suspendido y que, a pesar de los esfuerzos por la vía administrativa y judicial, ha enfrentado “silencio administrativo” por parte del director Normando Ciáres. Detalló que su informe, realizado hace más de dos años, reveló irregularidades financieras en el servicio penitenciario, incluyendo “transferencias de recargos que no aparecieron”.

Flamenco expresó su preocupación por la falta de notificación y el hecho de que “en medio de tantos delitos, en medio de tanto abuso de poder, abuso de autoridad, ¿cómo puede ser que hoy se permita y no se pida ninguna explicación a un funcionario público?” Aseguró que la situación ha tenido un grave impacto en su vida personal y profesional, mencionando que ha tenido que recurrir a la ayuda de familiares y amigos para cubrir gastos médicos y sobrevivir.

En cuanto a la investigación del caso, Flamenco aclaró que el oficial Montenegro, quien estaba a cargo del área de sanidad, era responsable de las irregularidades financieras y que el director Ciáres, ahora al frente del servicio penitenciario, no ha brindado explicaciones adecuadas.

Finalmente, Flamenco pidió que se continúe con la investigación y que se “tome cartas en el asunto”, señalando que no está en contra de ningún gobierno, sino que busca justicia y una resolución adecuada a su situación.