El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) tiene como prioridad la finalización de 414 viviendas en ejecución en distintos puntos de la provincia. Además, se avanza en la regularización dominial en la margen sur y en la extinción del fideicomiso de ATE para recuperar unidades habitacionales destinadas a nuevas adjudicaciones.

En cuanto al fideicomiso de ATE, el proceso de disolución comenzó el año pasado e involucró a diversas entidades, como ATE, el Municipio, el banco y el propio IPV. Actualmente, se encuentra en su última instancia ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Una vez finalizado este trámite, el banco deberá devolver la documentación de los adjudicatarios al IPV, y posteriormente se informará a los ocupantes sobre actualizaciones de precios y modalidades de pago.

Respecto al barrio José Hernández, ya se inició la formalización de la tenencia para unas 60 familias. Se realizará un relevamiento y se abrirán legajos para garantizar la documentación necesaria en el proceso de regularización.

En cuanto a la entrega de viviendas, hay una proyección de adjudicación para finales de este año, aunque su cumplimiento dependerá de la disponibilidad de fondos. Actualmente, las obras avanzan con recursos provinciales mientras se espera el compromiso de financiamiento de Nación, que adeuda más de 6.000 millones de pesos en certificados al IPV.

Además, el organismo prevé otorgar más de 400 tenencias precarias a familias de la margen sur y continuar con la mensura y división de lotes propios para facilitar la entrega de terrenos con servicios. El objetivo es garantizar el acceso a la vivienda a más familias, ya sea a través de la construcción, la regularización o la entrega de lotes con infraestructura básica.