El Concejo Deliberante de Tolhuin dio a conocer su proyecto de presupuesto para el año 2025, el cual asciende a más de 2.645 millones de pesos. La mayor parte de estos recursos, aproximadamente 2.440 millones, están destinados a cubrir los gastos de personal y autoridades, lo que representa un porcentaje elevado del total. Este monto cubre los salarios de 56 empleados de planta permanente y 26 trabajadores en situación transitoria o política, dejando un margen reducido para otros rubros del funcionamiento institucional.

En el desglose del presupuesto, destacan ciertas partidas que han generado cuestionamientos entre sectores de la comunidad, quienes señalan que algunos gastos son de difícil justificación en el contexto actual. Entre ellos, figura la compra de una camioneta Citröen Berlingo, destinada, según el proyecto, al “traslado de mercaderías”, aunque no se detallan específicamente los usos previstos para este vehículo. Adicionalmente, el presupuesto incluye la adquisición de un teléfono celular Samsung Galaxy S24 Ultra o de características similares, con un costo estimado en 2,5 millones de pesos, así como equipamiento audiovisual por un valor considerable, destinado al área de prensa del Concejo.

El proyecto también prevé una partida de aproximadamente 16,7 millones de pesos para bienes de consumo, que corresponde a una pequeña porción del presupuesto en comparación con el gasto en personal. Desde distintos sectores de Tolhuin se ha cuestionado la transparencia y la necesidad de algunos de estos gastos, y se plantea la duda sobre si la asignación de fondos refleja prioridades adecuadas para el Concejo.

La magnitud del presupuesto ha levantado críticas y generado debate, ya que muchos se preguntan si el gasto en recursos materiales, como el teléfono y el equipo audiovisual, es realmente esencial para las tareas del Concejo o si se podrían priorizar otras áreas. En un contexto donde los fondos públicos son cada vez más monitoreados, este presupuesto pone sobre la mesa la discusión sobre la eficiencia y el uso racional de los recursos destinados a la administración pública.