Paderne subrayó que la investigación no halló ni siquiera indicios que pudieran sostener la acusación de actividades ilícitas. "Puede haber habido incumplimientos administrativos o desprolijidades, pero en ningún caso se trató de un delito", afirmó el abogado. Los concejales involucrados, Marcelo Muñoz, Jeannette Alderete, Rosana Taberna y Norberto Dávila, habían sido imputados inicialmente por presunta malversación de fondos relacionados con el funcionamiento del Concejo Deliberante de Tolhuin.
El defensor también aclaró que los gastos realizados por los ediles estaban en línea con resoluciones previas del Concejo, por lo que no se apartaban de lo establecido. Según Paderne, la denuncia surgió de un conflicto político relacionado con un desacuerdo laboral en la Secretaría pertinente. "Fue más bien un enojo personal y una cuestión política, sin ninguna justificación legal para las imputaciones", explicó.
Paderne destacó que, dado que no se encontraron elementos que sustentaran la acusación, no se tomó declaración indagatoria a los imputados. "El fiscal solicitó investigar, el juez llevó a cabo la investigación y concluyó que no había delito, y la Fiscalía decidió no apelar", señaló.
Finalmente, el abogado enfatizó que este proceso, en términos penales, "está completamente cerrado", dando por finalizada la causa.
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