El presidente del Colegio Profesional de Martilleros, Corredores y Tasadores, Gabriel Martínez, y el titular de la Comisión de Fiscalización del Colegio, Sergio Arroquy, manifestaron su preocupación por la situación de la crisis habitacional que sacude al país, especialmente en la localidad de Ushuaia, en torno a los alquileres que se encuentran sujetos a la cuestionada Ley 27.751.

En ese marco, ambos profesionales coinciden en el gran desafío que vendrá en el mes de julio ya que, será la fecha del vencimiento para los primeros contratos de alquiler realizados bajo la Ley 27.551, por lo cual Gabriel Martínez explicó “Ushuaia siempre fue una ciudad turística, desde el 2017 en adelante, nunca tuvimos problemas habitacionales. Generalmente cada inmobiliaria tenía bastantes ofertas con respecto a los alquileres. Nos sentábamos a negociar, verificábamos la inflación y hacíamos los llamados de aumentos semestrales permitidos".

Pero de igual forma, al haberse implementado la Ley 27.551 en julio del 2020, ambos sostuvieron que la misma, resulta inadecuada debido al contexto inflacionario del país. Por tal motivo, Martínez criticó el control gubernamental en los aumentos y mencionando la discrepancia de acuerdo con los índices de inflación informados por el INDEC y los incrementos reales en los bolsillos de los propietarios.

Señalando que estos factores mencionados, fueron los que llevaron a una práctica donde los propietarios se “blindaron” y establecieron aumentos mucho más altos para compensar posibles pérdidas económicas, entonces el presidente del Colegio Profesional de Martilleros añadió que “el aumento, hoy por hoy, es porque no se evaluó bien en la ley, para junio fue de un 100%”.

Remarcando que “hay tensiones terribles porque no es solamente con el propio aumento dentro de la ley, a ningún empleado le han aumentado un 100% el salario, sino solo en aquellos contratos que caen tenemos dos alternativas, o no se renuevan o se renuevan. Si se renuevan, estamos hablando de un 300% más y en algunos casos hasta casi 500%”.

Luego hicieron hincapié en que dicha situación genera un conflicto entre los propietarios que buscan protegerse y los inquilinos que deben hacer frente a incrementos exorbitantes, haciendo que exista una preocupación por el congelamiento de los alquileres durante un año, en un contexto de proyección de inflación anual de al menos un 140% o 150%.

Asimismo, se refirieron a la relación entre los alquileres y los salarios, y afirmaron que “cuando hacemos una evaluación crediticia de inquilino, lo que miramos es cuánto gana y cuánto puede pagar. Años atrás, el alquiler versus los salarios no superaba el 30%, y ahora el supera el 100%. Hoy el alquiler es un sueldo”.

En la actualidad, el panorama muestra un incremento notorio en los valores de los alquileres en Ushuaia ya que, los precios de los monoambientes oscilan entre los $100.000 y $150.000, mientras que los departamentos de un solo dormitorio superan los $150.000 e incluso llegan a los $200.000 y las casas se alquilan por encima de los $350.000.

Por último, Martínez destacó la necesidad de abordar la problemática de los alquileres en Ushuaia, ante la próxima renovación de contratos bajo la Ley 27.551, haciendo hincapié en el desplazamiento de los vencimientos de los alquileres debido al cambio de representantes en la Legislatura, lo cual generó una demora en los vencimientos durante un año, solicitando que se realice una revisión de la ley y la búsqueda de soluciones que contemplen tanto los intereses de los propietarios, como los derechos de los inquilinos.