La comunidad internacional ha manifestado su preocupación por las actividades de investigación sísmica de Rusia en la Antártida, las cuales, según expertos, podrían encubrir objetivos de prospección de hidrocarburos en lugar de fines puramente científicos.

Este temor resurge en un contexto de extremas tensiones geopolíticas por la invasión rusa de Ucrania, lo que intensifica las alarmas sobre una posible competencia estratégica en uno de los últimos espacios sin reclamaciones territoriales militares del planeta.

Desde hace tiempo, Rusia ha llevado a cabo programas de mapeo y sondeo de la geología antártica, tanto terrestre como submarina pero datos recientes indican que sus navíos de investigación habrían descubierto reservas de gas y petróleo equivalentes a 511.000 millones de barriles de petróleo, una cantidad aproximadamente diez veces mayor que la producción total del Mar del Norte en cincuenta años.

Los hallazgos pusieron en alerta a la comunidad internacional que teme que el Kremlin intente violar el Tratado Antártico de 1959, compromiso internacional enfocado en preservar la paz y fomentar la cooperación científica en el continente.

El Tratado Antártico establece que la Antártida debe utilizarse “solo para fines pacíficos”, prohibiendo expresamente las actividades militares y la creación de bases militares, así como la realización de explosiones nucleares y la eliminación de desechos radiactivos. Este tratado ha sido crucial para evitar disputas territoriales y fomentar la investigación científica en un espíritu de colaboración. “Tenemos un tratado muy exitoso aquí. Los vientos geopolíticos son desafiantes, pero necesitamos mantener el curso con esto”, advirtió David Rutley, viceministro de Asuntos Exteriores británico.

“Hay una preocupación de que Rusia esté recopilando datos sísmicos que podrían interpretarse como prospección en lugar de investigación científica”, expresó Klaus Dodds, profesor de geopolítica en el Royal Holloway College, e insistió en diferenciar entre las actividades permitidas y aquellas que podrían amenazar la prohibición permanente de la minería y la integridad de las protecciones ambientales en la Antártida.

A su vez, informes sobre el navío Akademik Alexander Karpinsky, sancionado por Estados Unidos en febrero a raíz de la guerra en Ucrania, han provocado especulaciones sobre las verdaderas intenciones tras las expediciones científicas rusas en la región antártica. Según la administración estadounidense, la embarcación es operada por PMGE, filial de Rosgeo, compañía estatal rusa dedicada a la exploración geológica de petróleo, gas y minerales.

La posibilidad de que Rusia esté considerando la explotación de estos recursos ha generado alarma entre los estados miembros del Tratado Antártico, que prohíbe expresamente cualquier actividad relacionada con la extracción de minerales y la militarización de la región. Este tratado, firmado durante la Guerra Fría, ha servido como un baluarte de paz y cooperación científica. Las actividades de prospección bajo la apariencia de la ciencia ponen en entredicho la efectividad de este acuerdo y la voluntad de Rusia de adherirse a sus principios.

Estas actividades podrían proporcionar a Rusia datos cruciales para una eventual infraestructura militar o estratégica, desafiando abiertamente los términos del tratado que busca mantener a la Antártida como una zona dedicada exclusivamente a la paz y la ciencia.

Además, el potencial de Rusia para realizar actividades de prospección en la Antártida tiene implicaciones no solo geopolíticas, sino también ambientales. La Antártida es un ecosistema extremadamente frágil, cuya protección es vital no solo por su biodiversidad sino también por su papel en la regulación del clima mundial. Cualquier actividad extractiva podría tener efectos devastadores, alterando no solo la superficie y las aguas del continente, sino también potencialmente liberando grandes cantidades de carbono almacenado, lo cual tendría consecuencias directas en el cambio climático global.

Esta situación refleja una politización del ambiente científico, donde la ciencia es utilizada como una herramienta para bloquear acuerdos internacionales, dilatando la implementación de medidas cruciales para la conservación. Esta resistencia es indicativa de un patrón más amplio de obstrucción que ha sido característico de las negociaciones en los últimos años, complicando los esfuerzos para mantener a la Antártida como un espacio dedicado exclusivamente a la paz y la investigación científica.