Neuquén, Río Negro y La Pampa presentaron ayer ante la Corte Suprema el pedido de inconstitucionalidad del decreto de Mauricio Macri que dispuso el congelamiento del precio del petróleo por 90 días, al sostener que verán afectados sus ingresos por regalías, la reducción de la actividad y el riesgo de las inversiones. En tanto que la compañía petrolera Vista Oil & Gas, que dirige el ex-CEO de YPF Miguel Galuccio, presentó también una demanda ante los tribunales federales contenciosos administrativos para voltear la medida.

A estos tres distritos se sumará hoy Santa Cruz, con un amparo para evitar pérdidas estimadas entre $300 y $500 millones mensuales por regalías, y Tierra del Fuego la semana que viene.

La queja que comparten los gobernadores se centra en el método que adoptó la Casa Rosada al establecer el precio de la nafta fijando un dólar petrolero a $45 y el barril de crudo en u$s59. Esa ecuación, sostienen, afecta regalías y pone en peligro inversiones, lo que amenaza no sólo con quebrar la estabilidad macro, sino con alterar la paz social en los yacimientos.

La decisión de recurrir a la Justicia había sido confirmada por los mandatarios luego de la reunión que mantuvieron el martes en Buenos Aires con empresas petroleras y funcionarios nacionales.

En ese encuentro se acordó, además, crear la semana próxima una mesa técnica comandada por el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, para evaluar las propuestas presentadas por las compañías y los mandatarios, que buscan ser compensados por los costos de la medida adoptada tras las PASO.

Tal como había adelantado el gobernador Omar Gutiérrez, Neuquén pidió ante la Corte la nulidad del DNU 566 por considerar que “modifica inconstitucional y arbitrariamente el precio de las operaciones de venta de petróleo crudo y -consecuentemente- la base de cálculo para la liquidación y pago de las regalías petrolíferas”.

“El Poder Ejecutivo Nacional se arrogó el ejercicio de facultades legislativas exclusivas del Congreso, violentando de forma directa el procedimiento que prevé la Constitución nacional”, aseguró el escrito presentado por el fiscal de Estado, Raúl Miguel Gaitán.

El Gobierno neuquino estimó que las pérdidas de regalías serán por un monto estimado de $1.830 millones durante la vigencia del DNU, a razón de $610 M por mes.

En el mismo sentido planteó que la medida “puede tener mayor impacto a mediano y largo plazo pues, aunque su vigencia alcanza a 90 días, el cambio en las condiciones regulatorias del mercado de hidrocarburos puede socavar el principio de confianza legítima por la creciente incertidumbre sobre el entorno de negocios en el que se desarrollará la actividad”.

Por su parte, el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck dijo que “por las medidas nacionales, la provincia y los municipios dejarán de percibir unos $1.000 millones; las provincias que no son productoras de gas y petróleo no perderán tanto, y en otras que producen más el impacto será mucho más fuerte”.

La Pampa se expresó en el mismo sentido mediante una presentación que realizó ante el máximo tribunal el fiscal de Estado José Vainini para solicitar “que cese la medida y permita seguir cobrando lo que le corresponde” al distrito.