En el día de ayer declaró una de las presuntas víctimas en el juicio oral y público por un supuesto caso de trata de personas en la comunidad de Tolhuin. La misma habría favorecido la posición de los imputados y los jueces dispusieron cuarto intermedio hasta hoy en que se realizarán los alegatos de las partes.

La mujer hallada en la provincia de Buenos Aires por una diligencia de último momento, se dirigió a los integrantes del Tribunal en lo Criminal Federal de la provincia a través de una videoconferencia.

La declaración fue reservada para preservar su intimidad y hoy se realizará la etapa de alegatos de las partes, informaron fuentes judiciales.

La declaración fue reservada para preservar su intimidad, y de su contenido solo trascendió (en forma extraoficial) que habría favorecido la posición de los imputados.

Alberto Rubén Galeano de 23 años, Hugo Mikovski de 32, Guido Romero de 37 y Benito Aguilar de 59, acusados de trasladar a Tierra del Fuego mediante engaños y de obligar a prostituirse en el bar “El grillo” de Tolhuin, a dos mujeres oriundas de misiones.

Después de una jornada de declaraciones de testigos, en su mayoría efectivos de Gendarmería, los jueces Ana María D´Alessio, Luis Giménez y Enrique Guanziroli pasarán a un cuarto intermedio en que tendrán lugar los alegatos.

En primer lugar, se escuchará la exposición de la fiscal María Hermida y luego la del defensor oficial Adolfo Muschietti. Todo ello sucederá antes de que el tribunal de lugar a las últimas palabras de los acusados y se retire a deliberar hasta alcanzar un veredicto para este controvertido caso.

Una de las complejidades del juicio consiste en que toda la instrucción del caso se llevó a cabo en la provincia de Misiones, desde donde –incluso- el juez Federal de El Dorado, Miguel Ángel Guerrero, ordenó los allanamientos llevados a cabo en 2016, donde se detuvo a los sospechosos y luego los procesó por trata.

Más tarde ratificó la Cámara Federal de Apelaciones. Sin embargo, cuando la causa fue elevada a juicio, el tribunal oral de Misiones al que le correspondía intervenir se declaró incompetente y envió las actuaciones a Tierra del Fuego, donde sus pares locales aceptaron finalmente la competencia, según explicaron las fuentes judiciales consultadas.