Frente a recientes denuncias públicas de graves irregularidades en el cobro de millonarias indemnizaciones por parte de presuntas víctimas de violaciones de derechos humanos en la década del 70, una causa ligada a hechos que habrían ocurrido durante el conflicto de las Malvinas, en 1982, sigue sospechosamente su avance.

Hablamos de duros castigos que, según sostienen los denunciantes, habrían sido dispuestos contra sus propios soldados por algunos oficiales del Regimiento de Infantería 5, acusaciones que llevan más de 12 años, pero aún no debidamente probadas en sede judicial, tema abordado anteriormente desde estas columnas.

Para superar la prescripción legal de estos pretendidos delitos de tortura, quienes 25 años después del conflicto promovieron por primera vez tan sugestiva causa los califican deliberadamente de \"delitos de lesa humanidad\", en un intento de utilización de los derechos humanos como fundamentación indebida para manipular la Justicia.

La definición de este tipo de delitos tan particular debe interpretarse de manera estricta. Requieren que exista un objetivo sistemático de destrucción de un grupo social, étnico, religioso o político y que, por lo tanto, la tortura o la muerte no distingan ni la edad, ni la salud, ni la inocencia de las víctimas con pleno conocimiento por parte de sus responsables de que ello es efectivamente así. Esto es, formando parte de un plan o política preconcebidos, excluyéndose entonces los delitos cometidos al azar.

La Cámara de Casación Penal declaró en 2009 prescriptos los nunca probados delitos a los que nos referimos, fallo que este año había quedado firme ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Desconociendo el carácter de cosa juzgada, la acción, no obstante, fue nuevamente iniciada a instancias del fiscal Marcelo Rapoport, de Río Grande, Tierra del Fuego, quien pidió la indagatoria y la detención de 26 integrantes del Regimiento 5, en lo que aparece como un nuevo intento dirigido a reclamar indebidas compensaciones indemnizatorias.

Tan aventuradas como interesadas denuncias poco tienen que ver con la comisión de delitos que pudieran calificarse correctamente de lesa humanidad, y su fin último sería el cobro de jugosas indemnizaciones.

Distorsionar la historia, acusar sin asidero y recurriendo a todo tipo de ardides y promesas para que testifiquen en contra de los oficiales de uno de los regimientos de más heroico desempeño en la gesta de Malvinas es ciertamente indignante. Esta nueva pretensión de ampararse sin fundamento en el derecho humanitario internacional para evadir las decisiones de la Justicia local debiera ser prontamente desestimada y descartado cualquier nuevo ideologizado intento de continuar lucrando a costa del Estado argentino.